Apede: Caso de la DGI debe marcar el inicio de una profunda reforma de la administración tributaria

Señala que se requiere abrir una discusión sobre la conveniencia de transformar la administración tributaria en una agencia tributaria con autonomía técnica.

Sede de Apede. / Apede.

Panamá/Las presuntas irregularidades detectadas en la Dirección General de Ingresos (DGI) deben convertirse en el punto de partida para una transformación estructural de la administración tributaria panameña. Esa fue la posición fijada este martes por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que propuso abrir el debate sobre la creación de una agencia tributaria con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa.

Para el gremio empresarial, el caso trasciende la esfera judicial y deja al descubierto la necesidad de modernizar la institución responsable de la recaudación fiscal.

Este caso trasciende el ámbito judicial, afecta la reputación de Panamá y evidencia la necesidad de fortalecer la DGI con una institucionalidad más moderna, independiente y con controles más robustos", expresó Apede en un comunicado.

La organización también advirtió que este tipo de fraudes no solo compromete la legitimidad del sistema tributario, sino que repercute directamente en los ciudadanos que resultan afectados por estas prácticas y deteriora la confianza pública.

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Apede reconoció la labor del Ministerio Público y destacó que la investigación, originada a partir de la denuncia presentada por una funcionaria, demuestra la importancia de que las instituciones respondan con firmeza frente a hechos que afectan el interés público.

En ese contexto, el gremio sostuvo que "los responsables de este fraude deben ser identificados, procesados y sancionados con todo el rigor de la ley, sin excepciones ni contemplaciones, por el grave daño que ocasionan al sistema tributario, a los contribuyentes y a la credibilidad institucional del país".

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Insiste en que las acciones no deben limitarse al ámbito penal.

Este caso no puede quedar únicamente en una investigación penal; debe traducirse también en reformas profundas que fortalezcan la DGI con mejores controles, mayor independencia técnica, sistemas más robustos y una administración basada en la profesionalización de su recurso humano", se lee en el comunicado.

El comunicado añade que Apede considera oportuno abrir una discusión seria sobre la conveniencia de transformar la administración tributaria en una agencia tributaria con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, sujeta a adecuados mecanismos de rendición de cuentas.

Un modelo de esta naturaleza permitiría separar la gestión tributaria de presiones coyunturales, fortalecer la planificación de largo plazo, profesionalizar sus equipos mediante una carrera especializada y asegurar procesos más transparentes, trazables y orientados al servicio del contribuyente. La creación de una agencia tributaria también facilitaría la adopción de tecnología, auditorías permanentes, gestión de riesgos y controles internos más efectivos, elementos indispensables para elevar la confianza ciudadana y proteger la reputación institucional del país", dice el comunicado.

Cabe señalar que, recientemente, 13 personas permanecen en detención provisional por su presunta vinculación con la organización criminal desarticulada durante la operación Pandora, señalada de manipular cuentas de contribuyentes en el sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), mientras que otros tres imputados cumplirán depósito domiciliario.

Fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales.

Según la investigación del Ministerio Público, la organización estaba integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente eliminaban cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco. El Ministerio Público indicó que las afectaciones económicas derivadas de estas acciones podrían superar los $40 millones, impactando tanto a contribuyentes como a la DGI.

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