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Ciudad de Panamá, Panamá/Doce personas permanecerán en detención provisional por su presunta vinculación con la organización criminal desarticulada durante la operación Pandora, señalada de manipular cuentas de contribuyentes en el sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), mientras que otros dos imputados cumplirán depósito domiciliario.
La medida fue dada luego de que los investigados fueran imputados por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. Durante una audiencia que se extendió por tres días, el juez también declaró legales las 16 aprehensiones efectuadas durante la operación Pandora, desarrollada el pasado 8 de julio.
Según la investigación del Ministerio Público, la organización estaba integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente eliminaban cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco.
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, del Ministerio Público, sostiene que la maniobra tenía como propósito convertir esos montos en pagos no aplicados para posteriormente vender esos créditos a una entidad crediticia establecida en el país.
Como parte de la operación, se ejecutaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, diligencias en las que fueron incautados equipos tecnológicos y documentos que, de acuerdo con el Ministerio Público, guardan relación con la investigación.
Además, la situación jurídica de dos mujeres aprehendidas aún está pendiente de resolverse, debido a que ambas presentaron complicaciones de salud durante la audiencia y fueron trasladadas a un centro hospitalario, por lo que el debate sobre su imputación y las medidas cautelares será retomado posteriormente.
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El Ministerio Público indicó que las afectaciones económicas derivadas de estas acciones podrían superar los $40 millones, impactando tanto a contribuyentes como a la propia Dirección General de Ingresos (DGI). La investigación se originó a partir de una denuncia anónima y los hechos bajo análisis corresponden al período comprendido entre 2024 y 2025.
La investigación se mantiene en desarrollo mientras las autoridades continúan recopilando elementos de convicción sobre el presunto funcionamiento de la red y el alcance de las afectaciones ocasionadas al sistema tributario.
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