Ley de regalías, control ambiental y participación ciudadana: la experiencia de Argentina en el tema minero

Ciudad de Panamá/En medio del intenso debate nacional sobre el futuro de la minería en Panamá la experiencia de la provincia argentina de Mendoza emerge como un caso de estudio.

En una entrevista con Noticias AM, Jerónimo Shantal, director de la Autoridad Minera de Mendoza, no solo relató cómo su región superó la desconfianza ciudadana, sino que delineó un modelo concreto que podría inspirar reformas urgentes en Panamá.

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Normas claras, control real y participación ciudadana

Shantal fue enfático: “La minería responsable comienza con seguridad jurídica y reglas claras entre gobierno nacional y gobiernos locales”.

En Mendoza, esto se tradujo en una norma robusta, que establece sanciones serias para quienes dañen el ambiente y crea mecanismos de fiscalización efectivos.

Una de las innovaciones más relevantes es la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que permite a la comunidad, la academia y organizaciones técnicas participar activamente en los controles.

“No basta con que el Estado diga que fiscaliza. Si la gente no cree en los controles, hay que darles herramientas para que ellos mismos verifiquen”, explicó Shantal.

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Regalías mineras

Más allá del control ambiental, Shantal destacó la importancia de redistribuir los beneficios mineros de forma sostenible. Hace apenas unos días, Mendoza aprobó su primera ley de regalías mineras, que destina un porcentaje significativo de los ingresos a un fondo socioambiental y a obras comunitarias. “No podemos confiar en que el ‘derrame’ económico ocurra solo porque hay empleos. Hay que diseñarlo, regularlo y supervisarlo”, advirtió.

Además, subrayó que el cobre —recurso central en proyectos como Donoso— no es un enemigo del medioambiente, sino un aliado de la transición energética. “El cobre es esencial para los paneles solares, los vehículos eléctricos y hasta para la agricultura. En Mendoza, lo usamos en viñedos como fungicida. Minería y desarrollo rural no son excluyentes”.

La lección final de Mendoza es clara: la transparencia, la participación ciudadana continua y una normativa sólida son condiciones mínimas para cualquier proyecto minero en el siglo XXI. Para Panamá, que busca reconciliar su vocación ambiental con sus desafíos de desarrollo, esas no son opciones: son imperativos.