Comisión de Economía de la Asamblea analiza proyectos para regular seguros privados para servidores públicos

Ciudad de Panamá/Una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Luis Duke, inició el análisis de tres proyectos de ley encaminados a regular la contratación de seguros privados para servidores públicos pagados con fondos del Estado.

La instancia fue convocada para avanzar en el estudio del proyecto de ley 421, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que plantea prohibir que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos partidas destinadas a seguros privados para funcionarios.

En la misma sesión también se examinó el proyecto 422, propuesto por el diputado Jairo Salazar, que busca impedir que las entidades estatales contraten seguros privados para sus servidores; y el proyecto 423, del diputado Luis Duke, que propone prohibir el uso de fondos públicos para seguros privados de salud de funcionarios.

A la reunión asistieron representantes de Transporte Masivo de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Caja de Ahorros, quienes expusieron sus consideraciones frente a las iniciativas.

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Liana Zamora, directora de Asesoría Legal de Transporte Masivo de Panamá, señaló que la empresa opera bajo un contrato de concesión y se rige por el Código de Trabajo, lo que permite la existencia de sindicatos.

Zamora explicó que entre marzo e inicios de abril de 2026 se abrirá una negociación de convención colectiva, la cual contempla el seguro de vida como un derecho adquirido.

“Nuestra convención colectiva establece el seguro de vida regido en su cláusula 47, siendo un derecho adquirido y no puede estar por encima una ley especial al Código de Trabajo”, afirmó.

Por su parte, Alexander Atencio, representante de la Superintendencia de Mercado de Valores, recordó que la institución cuenta con patrimonio propio desde su creación en 2011 y no recibe fondos del Gobierno Central. Detalló que sus recursos provienen de tarifas por licenciamiento, registro y supervisión de las 510 empresas y 1,845 personas naturales bajo su regulación.

En tanto, Giselle Vega, de la Caja de Ahorros, destacó que la entidad debe cumplir obligaciones establecidas por ley, entre ellas ofrecer pólizas de seguro a sus colaboradores.

Añadió que los salarios del banco estatal no compiten con los del resto de la plaza bancaria, por lo que “el seguro es un beneficio que se otorga a los colaboradores para tratar de compensar o retener a ese talento”.

El diputado Luis Duke indicó que estas reuniones buscan escuchar a los sectores involucrados, debido a que podrían verse afectados por los cambios que contemplan los proyectos.

“Esta no va a ser la única sesión, se van a realizar más reuniones el próximo mes de enero. Cada proyecto tiene su particularidad y esas cosas que lo hacen único, será lo que habrá que debatir para ver qué es lo que se va a modificar o no, y luego pasar a un primer debate”, afirmó.

El análisis continuará en enero, antes de que los proyectos avancen al primer debate legislativo.