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Ciudad de panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional sigue en el análisis del proyecto de ley 641, que busca modificar varios artículos del Código Fiscal relacionados con el impuesto sobre la renta y establecer nuevas reglas sobre la sustancia económica de las rentas pasivas de fuente extranjera.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Panamá por responder a las observaciones internacionales y avanzar en el proceso para salir de las listas discriminatorias de la Unión Europea.
La propuesta apunta a que las empresas registradas bajo jurisdicción panameña mantengan una presencia real en el país, no solo en términos administrativos, sino también mediante la generación de empleo, la contratación de proveedores locales y la toma efectiva de decisiones desde territorio nacional.
Durante la discusión del proyecto, el diputado Luis Duke, miembro de la comisión legislativa que analiza la iniciativa, señaló que la aprobación de esta normativa es necesaria para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por Panamá.
“Este proyecto de ley, en su base y en su espíritu, es necesario para poder cumplir con la Unión Europea y avanzar en la salida de la lista negra”, sostuvo el diputado. Sin embargo, advirtió que la aprobación de la ley no significará automáticamente la exclusión del país de esos listados.
Duke indicó que el debate también debe enfocarse en el modelo económico que Panamá busca desarrollar a futuro. “La reflexión que yo me hago es si esto forma parte de la estrategia que tenemos como país, lo que queremos a corto, mediano y largo plazo”, expresó.
El diputado reconoció que la reforma podría traer beneficios importantes, aunque insistió en que se trata solo de uno de varios pasos dentro de un proceso más amplio. “Esto nos pone en una posición distinta, pero salir de la lista negra conlleva muchos más requisitos”, afirmó.
Desde el sector empresarial, la presidenta de Apede, Giulia De Santics, manifestó respaldo a la iniciativa, aunque pidió mayor precisión en algunos aspectos técnicos del proyecto para evitar interpretaciones discrecionales por parte de funcionarios.
“Creemos que la normativa tiene que ser muy clara y no debe dar espacio a arbitrariedades en la interpretación de los conceptos”, señaló De Santics, quien adelantó que el gremio presentará observaciones para mejorar la redacción de algunos puntos específicos.
Se espera que el proyecto comience a discutirse en primer debate a finales de esta semana dentro de la Comisión de Economía y Finanzas. Posteriormente, la iniciativa deberá pasar al pleno de la Asamblea Nacional para continuar su trámite legislativo.