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Ciudad de Panamá/El reciente caso de violencia que involucró a los diputados Jairo "Bolota" Salazar y Betserai Richards ha vuelto a encender las alarmas sobre la conducta dentro de la Asamblea Nacional.
Más allá del incidente viralizado en redes sociales, voces como la de la diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos, exigen que este caso no quede impune y se convierta en un punto de inflexión para restaurar el orden, el respeto y la institucionalidad en el Órgano Legislativo.
“Esto tiene que llegar a su fin. No podemos normalizar la violencia dentro de la Asamblea”, expresó Hernández durante una entrevista, en la que señaló que la agresión física por parte del diputado Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no solo fue grave, sino también premeditada, al estar vinculada al conflicto por la conformación de la nueva bancada y el control de las comisiones legislativas.
Hernández enfatizó que este tipo de conductas debe ser sancionado de forma ejemplar. “No creemos en la impunidad. Creemos en la justicia. Y esto no se trata de castigo por castigo, sino de corregir conductas para que los diputados podamos trabajar en paz representando a los miles de panameños que nos eligieron”, puntualizó.
La diputada anunció que la bancada Seguimos respaldará las acciones legales que decida emprender Richards, miembro de la bancada, incluyendo una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y exigió que el Comité de Ética actúe con celeridad. “Si no hay consecuencias claras, lo que se transmite a la ciudadanía es que todo vale en la política”, advirtió.
Según Hernández, el trasfondo de esta confrontación está relacionado con la pérdida de control de las comisiones dentro de la Asamblea, particularmente de la Comisión de Credenciales. “Hay desesperación porque ya no se pueden manejar las comisiones como antes, ni usar ese poder para chantajear a otros órganos del Estado. Eso se acabó”, afirmó.
El caso no solo pone en el centro del debate la violencia entre diputados, sino también la urgente necesidad de revisar los mecanismos internos de control y ética dentro del órgano parlamentario. “La violencia está normalizada, y eso es inaceptable. Ya es hora de apretar las tuercas. La Asamblea debe dar el ejemplo”, sostuvo.
En ese sentido, Hernández propone una revisión al Código de Ética y un nuevo protocolo de conducta que no solo castigue la violencia física, sino también los discursos agresivos, las amenazas verbales y la exposición indebida de la vida privada de las personas, prácticas que han pasado desapercibidas en el pasado.
Para Hernández y la bancada Seguimos, este no debe ser otro caso más que se archiva en el olvido. “Si no se corrige ahora, la Asamblea seguirá perdiendo legitimidad. Y no lo vamos a permitir”.