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Ciudad de Panamá/A pesar de que Arturo David Hansell, alias “Pagoda”, de 24 años, y Abdiel Oglivie, alias “Tatín”, de 20 años, se encuentran bajo detención provisional mientras avanza la investigación por el homicidio del joven Esteban Danilo De León Osorio, de 25 años, la familia de la víctima interpuso un nuevo recurso ante el Ministerio Público para reforzar el caso y lograr "certeza del castigo", según detalló un miembro del equipo legal en Noticias AM.
Pagoda y Tatín se encuentran imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de libertad.
En horas de la mañana de este miércoles, un grupo de abogados acudió a la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio ubicada en Ancón y presentó la querella.
El abogado Omar Jaén, representante de la familia de Esteban de León, encabezó el equipo legal y explicó que el recurso es contra los dos implicados ya detenidos y contra las personas que resulten responsables por este caso que aún sigue a la espera de una sentencia penal.
La querella estará sustentada en los siguientes delitos: homicidio, secuestro y robo.
Jaén señaló que el equipo legal busca que el proceso avance con rigor, apoyándose en los elementos recabados en la investigación, especialmente en los análisis forenses que aún están en curso.
La querella, explicó, permitirá a los abogados ser parte del proceso y estar presentes en las diligencias que se realicen, hasta que haya un juicio oral y "conlleve las decisiones del proceso".
El abogado explicó que el punto más crítico de la investigación se centra en las causas de la muerte, ya que los forenses todavía esperan el examen histopatológico, una prueba clave para reconstruir lo ocurrido desde el interior del cuerpo. Indicó que este estudio permitirá determinar si hubo defensa, agonía, asfixia o estrés previo al fallecimiento.
Los forenses al momento de la necropsia aún se mantienen esperando el examen histopatológico que reconstruye las piezas del rompecabezas de un crimen desde dentro del cuerpo”.
Añadió que, aunque aún no se ha concluido la causa exacta de muerte, existen elementos externos que refuerzan la hipótesis de un hecho violento, como la condición del cuerpo, el vehículo calcinado y las acciones posteriores que se atribuyen a los señalados.
Recordó además que, según jurisprudencia panameña, el protocolo de necropsia no es un requisito indispensable para determinar un homicidio doloso si otros factores acreditan violencia.
Jaén sostuvo que dentro de la investigación han surgido indicios relevantes, entre ellos declaraciones de familiares y de personas que tuvieron contacto con los sospechosos.
Mencionó que un taxista los trasladó para vender el celular de la víctima e identificó plenamente a quienes intentaban desactivarlo. A esto se suma el testimonio de la persona encargada del cuarto de alquiler donde los implicados se hospedaban, quien manifestó que le resultó extraña la presencia del vehículo de Esteban y que al consultar qué hacía el vehículo estacionado de una forma inusual, "ellos [Pagoda y Tatín] le señalan que lo que estaban era bajando un bulto".
También existen mensajes de texto en los que, según el abogado, los señalados expresaban temor ante la posibilidad de ser descubiertos y que "la policía les metiera cierta cantidad de años o el Ministerio Público, y que ya la policía se mantenía rondando el cuerpo".
El jurista explicó que la investigación técnica y jurídica se ha complejizado debido al deterioro del cuerpo y a la manipulación de la escena. Pese a ello, señaló que hay base suficiente para sostener la tesis del homicidio:
Aquí encontramos un cuerpo tirado con índices de avanzado estado de descomposición, un vehículo quemado… fue tan atroz que dejó abiertas heridas sociales”.
Respecto a la actuación inicial de las autoridades, Jaén fue enfático en que este caso debe dejar un precedente, indicando que los primeros procedimientos no fueron oportunos.
Explicó que, aunque al inicio no existía una evidencia técnica que permitiera catalogar el hecho como secuestro, considera que el sistema demoró en reaccionar y que esto obliga a revisar los protocolos de atención temprana ante denuncias de desaparición. Para él, el modus operandi que se observa en este tipo de crímenes exige respuestas más inmediatas.
Ante las versiones de los acusados que aseguran sentirse amenazados, Jaén sostuvo que estas declaraciones podrían buscar cambios en su ubicación penitenciaria. Agregó que, antes de valorar ese argumento, debe considerarse la afectación que atraviesan la víctima y sus familiares.
“Si ellos sienten temor, ¿qué siente Esteban? ¿Y qué siente la familia de Esteban?”, cuestionó.
Sobre el tiempo que podría tomar el proceso, explicó que la investigación tiene un plazo de seis meses, prorrogables por seis meses adicionales si el caso es declarado de causa compleja debido a la pluralidad de hechos o imputados. A pesar de que en Panamá la pena máxima es de 50 años, los delitos por los que los implicados se encuentran imputados suman hasta 60 años.