Amor y Orgullo
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La exprocuradora general de la Nación y exdiputada, Ana Matilde Gómez, criticó duramente los retrasos y la falta de resultados concretos en el emblemático caso Odebrecht, tras la nueva suspensión de la audiencia que debió realizarse este martes 11 de noviembre, pero que fue suspendida y restablecida para el 12 de enero del 2026, a casi una década después del estallido del escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de Panamá.
“Desde 2015 venimos hablando del caso Odebrecht. Luego hubo un archivo, una reapertura en 2017 y hoy, en 2025, seguimos viendo el mismo titular: se suspende audiencia Odebrecht”, dijo Gómez calificando la situación como una muestra del “colapso del sistema de justicia panameño”.
La audiencia fue suspendida porque uno de los acusados, el expresidente Ricardo Martinelli, no fue notificado en tiempo, según confirmó el Órgano Judicial. La exprocuradora señaló que este tipo de situaciones “ya se esperaban”, por las reiteradas maniobras procesales que, a su juicio, favorecen a los poderosos. “El sistema está diseñado para que nada pase, solo pasa el tiempo”, citó, refiriéndose a palabras del abogado Carlos Barsallo.
Gómez cuestionó que el caso siga sin resolverse pese a la abundante evidencia internacional y las confesiones de exejecutivos de la constructora brasileña. “No se puede hablar de manipulación política cuando los propios voceros de Odebrecht reconocieron haber repartido 59 millones de dólares entre funcionarios de los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela”, recalcó.
Para la exprocuradora, la mayor amenaza a la institucionalidad no son solo los sobornos, sino la “corrupción que se disfraza de legalidad”. “Esa que viene arropada en adendas, pliegos de cargos hechos a la medida o contratos públicos diseñados para beneficiar a un solo contratista”, afirmó.
Gómez también responsabilizó al Ejecutivo por permitir la evasión de la justicia de condenados como el expresidente Ricardo Martinelli, quien, recordó, ya cuenta con una sentencia firme. “El gobierno le permitió irse con un salvoconducto, sabiendo que tenía cuentas pendientes con la justicia y millones por devolver al Estado”, advirtió.
“¿Qué estamos esperando como país? Han acabado con el país. Están acabando con el sistema país”, advirtió la exprocuradora con evidente frustración. Para Gómez, la corrupción que ha permeado todos los niveles del Estado no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que debilita la estructura misma de la nación.
“¿Qué confianza puede haber? Solamente aquellos que lucran de ese sistema podrido son los que siguen aplaudiendo las acciones de cada gobierno corrupto que llega y hace cualquier cosa disfrazada de legalidad para que no se cumpla con la justicia”, expresó.
La exdiputada subrayó que sin justicia no puede haber desarrollo. “Un país que no tiene justicia no va a tener prosperidad”, dijo con firmeza. Añadió que la impunidad ha dejado a los ciudadanos sin esperanza y ha deteriorado la imagen de Panamá ante el mundo.
La exdiputada cuestionó que el Estado panameño no haya recuperado los fondos desviados por los casos de corrupción. “Imagínense los millones de dólares que se llevaron los gobiernos de Martinelli y Varela. Si todo eso no se devuelve, ¿qué esperanza tiene el país?”, señaló.
Agregó que incluso si algunos acusados están asilados, el dinero debería rastrearse.
Gómez recordó que varios exdirectivos de Odebrecht ya se declararon culpables ante la justicia panameña, lo que prueba que los delitos cometidos en Panamá son autónomos y no dependen de decisiones tomadas en Brasil. “No nos pueden venir con el cuento de que lo que se anuló allá anula todo lo de aquí”, puntualizó.
La exprocuradora insistió en que lo que está en juego es el Estado de derecho. “No puede ser posible que desde el Ejecutivo existan injerencias indebidas que impidan que la justicia actúe. Eso sí es impunidad arropada en legalidad”, denunció.
Para Gómez, la debilidad institucional que deja ver el caso Odebrecht refleja el agotamiento del sistema político panameño. “Vivimos en un país donde históricamente las designaciones en la Corte y en el Ministerio Público responden a intereses del poder. Ya el sistema muestra señales de colapso y necesita una refundación”, expresó.
Al ser consultada sobre la nueva fecha fijada para la audiencia, prevista para enero, Gómez fue tajante: “No hago apuestas, pero aspiro a vivir en un país donde mínimamente la justicia funcione y se pueda sentar en el banquillo de los acusados a todos, sean culpables o inocentes”.