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Panamá/El expresidente Ricardo Martinelli volvió a colocarse en el centro del caso Odebrecht, esta vez como la razón directa por la cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decidió suspender la audiencia ordinaria que debía realizarse el martes 11 de noviembre de 2025, dentro del proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La jueza Baloisa Marquínez emitió el Auto Vario No. 327 del 7 de noviembre de 2025, en el que ordena posponer el inicio del juicio hasta tanto se logre notificar formalmente a uno de los imputados: el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, cuyo paradero aún se desconoce.
El tribunal explicó que la decisión responde a la falta de respuesta de las autoridades colombianas, a quienes Panamá solicitó asistencia judicial internacional para ubicar y notificar al exmandatario.
Según el documento oficial, han transcurrido más de cuatro meses desde que se remitió la Asistencia Judicial Internacional No. 43, el 4 de junio de 2025, a la República de Colombia, con el propósito de entregarle a Martinelli la providencia de 21 de enero de 2025. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido confirmación alguna sobre la gestión.
Esta falta de cooperación ha tenido consecuencias procesales inmediatas. Sin la notificación debida, el tribunal no puede avanzar hacia el juicio oral, lo que llevó a la jueza Marquínez a ordenar el emplazamiento público del expresidente, conforme lo establece el Código Judicial.
El edicto emplazatorio No. 37, fechado el 7 de octubre de 2025, fija el plazo de comparecencia hasta el 15 de diciembre de 2025, tomando en cuenta que la última publicación del edicto se realizó el 12 de octubre.
De no presentarse en ese término, Martinelli no podrá ser juzgado hasta tanto comparezca o sea formalmente notificado.
En consecuencia, el juicio del caso Odebrecht fue reprogramado para su fecha alterna, que se desarrollará del 12 de enero al 13 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
El tribunal también recordó que ya había emitido el Edicto Emplazatorio No. 36-2025, en el que pide a la ciudadanía y a las autoridades “manifestar el paradero desconocido del imputado” y solicita a los organismos competentes proceder con su captura o las medidas necesarias para asegurar su comparecencia.
Todo este proceso se realiza conforme a lo dispuesto en los artículos 1947, 2305 y 1013 del Código Judicial, que establecen las normas de notificación, emplazamiento y comparecencia de las personas procesadas.
La Secretaría del Juzgado procedió a fijar el edicto en un lugar visible por un periodo de 20 días y envió copias autenticadas a un diario de circulación nacional y a la Dirección de la Gaceta Oficial, para garantizar la debida publicación y constancia legal del trámite.
El proceso conocido como caso Odebrecht investiga el presunto blanqueo de capitales vinculado a pagos ilícitos realizados por la constructora brasileña a funcionarios panameños y empresarios entre 2010 y 2014.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama de corrupción se destapó en 2017, cuando Odebrecht admitió ante autoridades estadounidenses haber pagado sobornos por más de 59 millones de dólares a cambio de obtener contratos públicos en Panamá.
El juicio, que debía iniciarse este noviembre, ha sido aplazado en múltiples ocasiones, y con esta nueva suspensión vuelve a quedar en pausa, evidenciando las dificultades del sistema judicial para avanzar en un caso que ha marcado un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país.
Con la asistencia judicial aún pendiente y el paradero del expresidente sin confirmarse, el futuro del proceso vuelve a la incertidumbre. Por ahora, la justicia panameña deberá esperar la respuesta de Colombia, que podría definir si en enero finalmente comienza el juicio más emblemático de corrupción en la historia reciente del país, o si, una vez más, el caso Odebrecht vuelve a quedar en el limbo.