Colegio Nacional de Abogados se pronuncia por los 'Pandora Papers'

Pandora Papers

Colegio Nacional de Abogados se pronuncia tras revelación de los 'Pandora Papers'

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, reiteró la posición de este gremio frente a la reciente publicación "Pandora Papers", realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucra a una firma de abogados panameña, a varios exmandatarios del país, políticos y personalidades internacionales, en un supuesto manejo irregular de dineros por medio de sociedades offshore.

Araúz detalló que, este ente colegiado señalará en todo momento la ilegalidad de la obtención de la información en base a la ruptura de la confidencialidad abogado cliente, que son comunicaciones para mantenerse en reserva y es una garantía en todas las estructuras de los estados de derecho del mundo.

“El primer cuestionamiento que la abogacía organizada realiza es (…) censurar el uso de información no destinada para el público como punto de partida del supuesto reproche hacia individuos y personas a lo largo y ancho del mundo, con relación a conductas que cada quien tendrá que responder en su momento indicado”, recalcó.

El Colegio Nacional de Abogados, dijo, sale en defensa de la abogacía panameña, dentro de la legitimidad de la prestación de sus servicios y el cuestionamiento, en virtud a los planteamientos de presentar una "abogacía en calidad de cómplices o participe de supuestas conductas que riñen contra el ordenamiento jurídico".

Añadió que, lo que la abogacía organizada en Panamá no puede permitir, es que los servicios legítimos y creados, ofrecidos a lo largo de más de 94 años queden en entredicho, justamente por "la falta de acuciosidad" con la que se presenta una información, que “pretende simular como si desde la República de Panamá, los abogados fuésemos aliados de conductas ilegales o fuésemos partícipes de las omisiones individuos con relación a su estado de origen o su país de nacimiento”.

De acuerdo con Araúz, la comunicación entre un abogado y un cliente no está destinada al acceso público, "la obtención de esta información presentada como un hecho relevante de información pública atenta contra el estado de derecho y todas las estructuras de los países que resguarda que los abogados y clientes tienen una sagrada protección".

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