Comisión Interministerial espera autorización presidencial para negociar sobre cierre de la mina
El ministro indicó que, una vez autorizadas las conversaciones o no, se informará al país sobre los asuntos tratados. También aclaró que todavía no es posible precisar qué parte del yacimiento podría explotarse ni los montos involucrados, porque no existe una negociación con la empresa.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó,afirmó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, aún no ha autorizado el inicio de conversaciones con First Quantum Minerals para evaluar la viabilidad legal de un acuerdo que permita un cierre ordenado de la mina de cobre en Donoso.
Durante un encuentro de la Comisión Interministerial con representantes de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras), Moltó explicó que el Ejecutivo ha analizado recomendaciones sobre el futuro de la operación, pero necesita conversar con la empresa para determinar si las propuestas pueden llevarse a cabo dentro del marco legal.
La posibilidad de negociar directamente con First Quantum surgió durante una pregunta sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia que declararon inconstitucionales contratos relacionados con la actividad minera.
Al respecto, Moltó sostuvo que las conversaciones buscarían establecer las condiciones para un cierre ordenado y que cualquier decisión deberá respetar los fallos judiciales, las leyes y la Constitución.
“Si el Presidente nos autoriza, eso es lo que nosotros queremos empezar a poder negociar. Así es.”, expresó.
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El ministro indicó que, una vez autorizadas las conversaciones o no, se informará al país sobre los asuntos tratados. También aclaró que todavía no es posible precisar qué parte del yacimiento podría explotarse ni los montos involucrados, porque no existe una negociación con la empresa.
Entre los puntos que se buscaría abordar figuran el empleo, la reducción de la afectación ambiental y la obtención de recursos para financiar el cierre de la operación.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el presidente aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de la mina.
Explicó que una de las recomendaciones presentadas contempla una operación limitada para generar los recursos necesarios para financiar el cierre y la restauración ambiental, sin recurrir al presupuesto del Estado.
Chapman indicó que el periodo estimado podría ubicarse entre 16 y poco más de 20 años,, según los análisis expuestos durante el encuentro. El tiempo dependería, entre otros factores, del precio del cobre y de los recursos que se logren generar.
Pero coincidió con Navarro en que el cierre tenga "una fecha de cumpleaños".
La propuesta, según el ministro, contemplaría una operación con una huella menor a la prevista originalmente, además de fondos para el cierre, compromisos ambientales y posibles compensaciones a la empresa por sus inversiones.
Chapman estimó que esta alternativa podría generar al menos 36,000 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente con la actividad, con un impacto positivo para más de 144,000 personas.
También advirtió que asumir el cierre únicamente con recursos estatales podría representar un costo fiscal elevado y afectar la capacidad de atender otras necesidades del país. Mencionó, además, los arbitrajes internacionales relacionados con la mina y las posibles consecuencias financieras.
Ambiente exige cumplimiento
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la empresa minera tenía 370 compromisos ambientales, de los cuales se había cumplido aproximadamente el 87%. Afirmó que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones pendientes, independientemente de la decisión que se adopte sobre el futuro de la mina.
Navarro señaló que el plan de preservación y gestión segura y el estudio de impacto ambiental original continúan vigentes, por lo que se mantienen inspecciones para verificar las condiciones del sitio.
El titular de Ambiente sostuvo que un eventual cierre ordenado debe contar con financiamiento, supervisión técnica y participación ciudadana. También recordó que la recomendación de establecer un fideicomiso ambiental con aportes de 100 millones de dólares anuales serviría para financiar iniciativas de conservación, restauración de áreas degradadas y protección de cuencas hidrográficas.
Fedecámaras advierte sobre el impacto económico
La presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, señaló que el sector empresarial busca conocer las alternativas que se analizan para la mina y trasladar las inquietudes de sus miembros, especialmente sobre el impacto del cierre en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Jiménez afirmó que las consecuencias económicas trascienden las provincias directamente vinculadas con la actividad minera, debido a los empleos y negocios que dependían de ella en distintas regiones del país.
La representante empresarial también destacó la necesidad de ofrecer claridad sobre las decisiones futuras y considerar el efecto sobre los ingresos de los hogares y las oportunidades económicas de las comunidades afectadas.
Las reuniones de la Comisión Interministerial con representantes del sector empresarial forman parte de las consultas que se realizan antes de que el presidente adopte una decisión sobre el futuro de la mina.
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