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Reactivar para cerrar: el planteamiento técnico de Roberto Cuevas sobre la mina de Donoso
Según Cuevas, una parte de la población conoció la existencia del proyecto durante las manifestaciones de noviembre de 2023. Por ello, consideró que tanto la empresa como el Estado debieron dar mayor importancia a la comunicación sobre el proyecto antes de que comenzara a operar.
Roberto Cuevas explica lo que implica financiar el cierre de la mina de Donoso
Un eventual cierre progresivo y autofinanciado de la mina de Donoso requeriría reactivar la extracción y venta de mineral para generar los recursos necesarios para costear el proceso.
Así lo afirmó el expresidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, luego de que los tres ministros que integran la Comisión Interinstitucional presentaran las recomendaciones al presidente de la República, José Raúl Mulino, para definir el futuro de esa mina en el país.
"La mina, la única fuente de ingreso que tiene, es vender el mineral que está allí en el subsuelo. Hay que producir mineral, vender mineral para poder financiar el cierre. Lo que la empresa está haciendo ahora con un gran esfuerzo es, a un costo de 20 millones de dólares mensuales, mantener lo que está allí. Pero mantener lo que está allí no es un cierre, es sencillamente, bueno, mantengo los equipos, trato hasta donde sea posible de mantener una estabilidad física y química", explicó.
Cuevas señaló que la incertidumbre sobre el futuro del proyecto se ha prolongado y que sus efectos no se limitan al sector minero, sino que también alcanzan a las inversiones en otras actividades económicas.
A su juicio, el anuncio gubernamental generó dudas adicionales, en parte por la interpretación de que Panamá había declarado el cierre inmediato de la mina. Por ello, destacó la importancia de distinguir entre la suspensión de operaciones y el cierre técnico de una explotación minera.
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Abrir para cerrar técnicamente dentro de la industria minera no es lo apropiado. Es decir, uno cuando abre una operación minera es para operar y dentro de la operación debe existir un plan de cierre. De hecho, en este proyecto, en el estudio de impacto ambiental, existe un plan de cierre", indicó.
Sin embargo, indicó que el periodo de cuido y mantenimiento tras la suspensión de las operaciones introdujo condiciones que no estaban previstas en el diseño original.
El cierre empieza desde el día uno”, afirmó.
También explicó que el proceso incluye una etapa de poscierre, durante la cual se debe continuar con el monitoreo de las condiciones del área intervenida.
Para ilustrar este punto, mencionó una mina de carbón en España donde, según relató, el acondicionamiento de una excavación inundada para convertirla en un lago recreativo requirió un periodo de poscierre de casi 15 años.
Uno de los principales desafíos señalados por Cuevas es el financiamiento del proceso. Según explicó, mantener los equipos y las instalaciones durante la suspensión de las operaciones no equivale a ejecutar el cierre de la mina.
Consultado sobre si la empresa contaba con recursos suficientes provenientes de los años anteriores de operación, Cuevas argumentó que una inversión de 10 mil millones de dólares no se recupera en los cuatro años durante los cuales el proyecto estuvo en ejecución.
Explicó que las instalaciones y los equipos se construyeron considerando las características geológicas del yacimiento y un periodo de operación más prolongado.
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Nuevo marco contractual
Considerando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Cuevas manifestó que, según su interpretación, el fallo declaró inconstitucional el contrato, pero no la actividad minera en sí misma.
Al referirse a las posibles modalidades de relación entre el Estado y la empresa, mencionó una empresa mixta y otras alternativas contractuales. No obstante, aclaró que no le correspondía evaluar cuál debería ser la estructura legal que finalmente se adopte. Recordó que la ley de moratoria minera prohíbe otorgar nuevas concesiones.
Planteó que cualquier nueva relación entre el Estado y la empresa debe contemplar mecanismos que permitan supervisar adecuadamente la operación minera.
Entre los elementos que consideró necesarios mencionó el fortalecimiento de las instituciones públicas, la transparencia sobre las cantidades de mineral exportadas, las ventas y los cobros, así como la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos generados.
Asimismo, sostuvo que las comunidades deben recibir mayores beneficios de la actividad minera y que el Estado necesita contar con recursos para fiscalizar el proyecto.
También se refirió a la evolución del precio internacional del cobre. Indicó que, en noviembre de 2023, cuando se produjo el cierre de la mina, el precio rondaba los 8 mil dólares por tonelada, mientras que, según sus cifras, actualmente alcanza los 13 mil dólares.
A partir de esta comparación, planteó la necesidad de analizar cómo Panamá podría aprovechar sus recursos minerales para generar beneficios para el país.
El expresidente de la Cámara Minera sostuvo que se deben evaluar los factores que llevaron al conflicto en torno al proyecto. Entre ellos, mencionó la falta de comunicación sobre la actividad minera antes de su entrada en producción.
Según Cuevas, una parte de la población conoció la existencia del proyecto durante las manifestaciones de noviembre de 2023. Por ello, consideró que tanto la empresa como el Estado debieron dar mayor importancia a la comunicación sobre el proyecto antes de que comenzara a operar.
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