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Las laptops que llevaron al fin de la segunda gestión de Lucy Molinar
Desde el principio, la compra de laptops estuvo rodeada de cuestionamientos.
Panamá/La compra de computadoras, uno de los proyectos más defendidos por Lucy Molinar para cerrar la brecha digital en las escuelas públicas, terminó convertida en el centro de la controversia que provocó su salida del Ministerio de Educación (Meduca).
Su renuncia no detiene únicamente una gestión. También deja bajo revisión una estrategia tecnológica que, desde 2024, pasó de un convenio por $241.7 millones a licitaciones públicas, dos procesos fallidos para adquirir equipos destinados a estudiantes y un contrato de $28.4 millones para dotar de laptops a los docentes.
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“Hay mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras. Yo prefiero hacer un paso al lado para que se investigue bien y se aclare todo, y dejar paso a una nueva administración”, manifestó Molinar al explicar su decisión.
La ministra saliente aseguró que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, de la cual espera una investigación.
Por parte del Ministerio Público, nos fue confirmado que la denuncia fue presentada ayer miércoles ante el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, aunque no especificaron los hechos en los que se fundamenta la misma; tampoco, si se señala específicamente a presuntos involucrados o se dirige de forma impersonal, es decir, sin acusación directa.
Se espera que el procurador ofrezca declaraciones hoy jueves.
El contrato que quedó en el centro del debate
La controversia más reciente se concentra en la adquisición de 54,000 computadoras para los docentes del sistema oficial.
El contrato S-04-2026, revisado por TVN Noticias, establece que el Meduca adjudicó este renglón a IS Group, S.A., mediante la Resolución 29 del 19 de enero de 2026. El documento fue firmado por Molinar, en representación del Estado, y Hamzi Moussa El Reda Jaafar, representante legal de la compañía.
El costo de los equipos, sin incluir el impuesto, asciende a $26,619,300, lo que representa $492.95 por computadora. Con los $1,863,351 correspondientes al ITBMS, el valor total del contrato alcanza los $28,482,651, equivalentes a aproximadamente $527.46 por unidad.
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Las computadoras adquiridas son de la marca Liby, modelo N18-14C. El contrato incluye cuatro años de garantía y soporte técnico, mientras que el pago completo debe efectuarse después de que la empresa entregue todos los equipos y el Meduca emita el recibido a satisfacción.
El contratista también está obligado a habilitar centros de servicio y canales de atención por teléfono, WhatsApp, correo electrónico y página web. Además, debe implementar un sistema que permita registrar y dar seguimiento a los daños, las incidencias y las reparaciones.
El Meduca, por su parte, defendió que computadoras con características similares tenían un precio superior en el mercado local. Pocos días antes de renunciar, Molinar sostenía que la calidad y el precio constituían condiciones “no negociables” dentro del proceso.
“A mí no me importa quién se lo gana, a mí lo que me importa es que se la ganen con el precio que hemos pedido y con la calidad que hemos pedido”, declaró el 5 de agosto en un medio local. Siete días después, la ministra anunció su salida y relacionó la decisión con el “ruido” generado alrededor de las computadoras.
Vea aquí el contrato:
Un proyecto que cambió de ruta
La compra de las 54,000 laptops para docentes forma parte de un proyecto tecnológico más amplio que ha atravesado diferentes etapas, cuestionamientos y procesos fallidos desde 2024.
El plan inicial contemplaba adquirir 654,000 computadoras: 600,000 para estudiantes y 54,000 para docentes. La operación se desarrollaría mediante un convenio con la organización One Laptop per Child (OLPC), por un monto aproximado de $241.7 millones.
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Molinar firmó el acuerdo en septiembre de 2024, pero el proyecto no llegó a concretarse. El mecanismo fue cuestionado porque no contaba con la aprobación previa del Consejo de Gabinete ni con el refrendo de la Contraloría General de la República.
El convenio comprometía $63,035,927 del presupuesto de 2024 para una primera entrega de 107,123 computadoras para estudiantes y 54,000 para docentes.
El rumbo del proyecto cambió en enero de 2025, después de que el contralor general, Anel Flores, advirtiera que una compra de esa magnitud debía someterse a licitación pública. Molinar anunció entonces que los equipos serían adquiridos mediante un acto público. A partir de allí, el Meduca separó los procesos para comprar las computadoras de los docentes y las destinadas a los estudiantes.
El primero avanzó hasta producir el contrato de $28.4 millones con IS Group. El segundo, destinado a adquirir 531,250 laptops para los alumnos del sistema oficial, acumuló dos intentos fallidos.
Dos procesos sin computadoras para los estudiantes
Uno de los actos públicos tenía un precio de referencia de $273,141,152.50. De ese total, $268.5 millones correspondían a las 531,250 computadoras y $4.6 millones a las licencias Microsoft M365 A3.
El renglón de las laptops fue declarado desierto porque la oferta que superó la evaluación fue considerada onerosa. +Móvil presentó una propuesta de $378.2 millones, más de 10% por encima del precio de referencia.
El Meduca realizó otro intento, en el que recibió dos propuestas: $283.5 millones del Consorcio Positivo Panamá y $292.7 millones de Cable & Wireless Panamá.
Ninguna cumplió con todos los requisitos técnicos y documentales establecidos. Molinar acogió la recomendación de la comisión verificadora y declaró desierto el acto mediante la Resolución 646 del 1 de julio de 2026.
Las contrataciones que marcaron su primera gestión
Las compras de computadoras y útiles escolares también estuvieron presentes durante la primera gestión de Molinar al frente del Meduca, entre 2009 y 2014, bajo la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
En ese periodo, el Ministerio de Educación destinó aproximadamente $83 millones a la adquisición de laptops para estudiantes.
También se realizaron contrataciones para comprar mochilas y útiles escolares mediante el Meduca y el entonces Programa de Ayuda Nacional. Después de concluir aquella administración, Molinar fue investigada por presuntas irregularidades relacionadas con esos contratos. En 2018, la Fiscalía Anticorrupción solicitó llamarla a juicio, junto con otras personas, por los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones públicas. La investigación estaba relacionada con un supuesto perjuicio económico de $14 millones.
En 2023, el Segundo Tribunal de Justicia ordenó cerrar y archivar el expediente por falta de sustento. Según la decisión divulgada entonces, no se acreditó lesión patrimonial en los contratos.
Molinar no renunció durante aquella primera gestión debido a esas investigaciones. Permaneció como ministra hasta que concluyó el gobierno de Martinelli, en 2014, y las actuaciones judiciales se produjeron posteriormente.
