USA vs Bosnia H.
En vivo
Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito, obtuvo la medida cautelar de detención provisional para tres ciudadanos investigados por hechos distintos relacionados con el presunto delito de violencia psicológica.
Las decisiones se adoptaron durante dos audiencias de solicitudes múltiples y una audiencia de apelación realizadas ante jueces de garantías.
El primer caso correspondió a una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público se opuso al cambio de la medida cautelar de detención provisional por otra menos severa.
La Fiscalía sustentó que persistían los riesgos procesales debido al peligro que representa el imputado para la víctima, a quien presuntamente amenazó de muerte y agredió con un arma de fuego. Los hechos ocurrieron el 17 y 18 de julio de 2025 en un supermercado ubicado en Don Bosco, Veranillo, corregimiento de Belisario Porras.
🔗Puedes leer: Ordenan detención provisional para tres panameños por presunto tráfico ilícito de migrantes
En un segundo proceso, otro hombre recibió detención provisional por un hecho registrado el 30 de mayo de 2026, también en Don Bosco, Veranillo.
Según la investigación, el imputado amenazó de muerte a la víctima y posteriormente regresó al lugar el 31 de mayo, cuando la agredió físicamente en varias partes del cuerpo. Su captura se produjo durante una diligencia de allanamiento realizada por la Fiscalía en conjunto con los estamentos de seguridad.
El tercer ciudadano fue presentado ante un Juzgado de Garantías por un hecho ocurrido el 8 de mayo de 2026 en el sector El Papa, en Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza.
De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre habría agredido física y verbalmente a la víctima. Al igual que en el caso anterior, su aprehensión se efectuó mediante una diligencia de allanamiento.
La Fiscalía Regional de San Miguelito señaló que en los tres procesos los jueces valoraron los riesgos para las víctimas y la necesidad de garantizar su protección, razón por la cual se impuso la medida cautelar más severa mientras continúan las investigaciones.