Diputado Ernesto Cedeño cuestiona aprobación de la Ley 45 sin actividad bananera
La aprobación de la Ley 45 en la Asamblea Nacional, destinada a abordar la crisis con los trabajadores bananeros en la provincia de Bocas del Toro, no ha logrado apaciguar la situación. El acuerdo, que busca mejores beneficios para los trabajadores, no es reconocido por otros sectores de la región, incluyendo a docentes, quienes afirman no tener relación con la industria bananera.
El diputado independiente Ernesto Cedeño expresó su preocupación por lo que considera una "justicia selectiva" en Panamá. Cedeño relató que, a diferencia de otras denuncias presentadas por él, como el fallo de la mina o el manejo de fondos de descentralización que no han avanzado, la detención del líder sindical Francisco Smith ocurrió de manera "fuera de lugar".
La Ley 45 y el dilema bananero
Sobre la recién aprobada Ley 45, que busca mejores beneficios para los trabajadores bananeros y que aún no ha sido sancionada por el presidente José Raúl Mulino, Cedeño reiteró que fue el único voto en contra de este acuerdo. Explicó que la Ley 462 ya preexistente no exterminaba los derechos de los bananeros, y que la nueva ley, la 290, busca ser una norma integral. Sin embargo, surge una preocupación fundamental.
"Para qué ley si ahora no tenemos actividad bananera", cuestionó Cedeño, refiriéndose a la incertidumbre sobre si la empresa Chiquita Panamá restablecerá sus operaciones y puestos de trabajo en el país.
El diputado enfatizó que la Asamblea Nacional no puede invadir las competencias del poder Ejecutivo. Lo único que constitucionalmente puede hacer la Asamblea, según Cedeño, es que la presidenta de este órgano del Estado establecerá comunicación con la empresa Chiquita Panamá para conocer el estatuto actual y futura protección de la empresa y sus trabajadores.
Respecto a los bloqueos de docentes fuera de Bocas del Toro, Cedeño mencionó haber escuchado reportes, pero aclaró que no le constan bloqueos masivos a nivel nacional.
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Como un punto positivo, el diputado destacó un compromiso de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, para establecer una norma jurídica integral en beneficio de los trabajadores originarios que puedan estar sufriendo los efectos de pesticidas en otras actividades como la caña y el cacao, abarcando a todos los indígenas de Panamá que trabajan.
Próximos pasos en la Asamblea
En cuanto a los próximos días, se espera la actividad en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea y la nueva composición de la junta directiva, vital para la transparencia y los pactos necesarios. Cedeño concluyó resaltando la importancia del diálogo con los sectores afectados.
