Diputado Zúñiga: 'Proyectos anticorrupción y la reforma al reglamento interno son deudas pendientes de la Asamblea”

Zúñiga consideró que el nuevo periodo legislativo, que inicia el 2 de enero, debe enfocarse en avanzar en la transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.

El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, hizo un balance sobre la reciente culminación del periodo legislativo en la Asamblea Nacional, destacando avances en temas como la aprobación del Presupuesto General del Estado, pero señalando también los importantes pendientes que deja este cierre parlamentario.

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Para el diputado y presidente de la facción independiente, no hay dudas de que hubo avances en temas importantes, pero admitió que aún hay mucho por hacer, como reformar el polémico reglamento interno y darle cabida a los proyectos anticorrupción, un tema que sigue siendo una deuda con el país.

Zúñiga explicó que en esta primera legislatura del segundo año no se lograron discutir ni aprobar las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, ni los proyectos anticorrupción que la ciudadanía exige con urgencia. “Todos los ciudadanos me dicen lo mismo: tenemos que luchar contra la corrupción, es el reclamo más fuerte del pueblo panameño”, subrayó.

El diputado consideró que el nuevo periodo legislativo, que inicia el 2 de enero, debe enfocarse en avanzar en la transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, pilares necesarios para recuperar la confianza ciudadana en el órgano Legislativo.

Llamado a fortalecer la seguridad y la prevención

En cuanto a la creciente inseguridad y violencia en las calles, el diputado lamentó los recientes hechos delictivos que involucran a jóvenes y exhortó al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional a redoblar los esfuerzos en la aplicación de políticas de seguridad y prevención.

El país ha vivido casos lamentables, sobre todo entre jóvenes. Debemos fortalecer la prevención, no solo la represión. Hace falta una política de Estado clara en materia educativa, deportiva y cultural que mantenga ocupados a nuestros niños y adolescentes”, expresó.

Zúñiga insistió en que Panamá necesita una política de prevención integral, con visión de largo plazo, que trascienda los ciclos electorales y priorice la formación de ciudadanos de bien. “No podemos seguir improvisando cada cinco años. Necesitamos una política de Estado con sentido, que proteja a nuestra juventud”, puntualizó.

Ley General Anticorrupción rechazada en su cuna

El pasado 28 de octubre, dos días antes que finalizara el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, la La Comisión de Gobierno rechazó los dos proyectos de ley presentado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, con cinco votos en contra y cuatro a favor.

El 24 de julio, el procurador Gómez Rudy había presentado ante el pleno legislativo dos iniciativas clave en la lucha contra la corrupción, entre ellas la Ley General Anticorrupción y el proyecto de ley 292 que modifica el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública.

Los diputados de Realizando Metas (Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda), del Partido Revolucionario Demorático (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de Cambio Democrático (Didiano Pinilla) se opusieron a las iniciativas, mientras que los representantes de la coalición Vamos (Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke) y del Movimiento Otro Camino (José Pérez Barboni) las apoyaron.

La iniciativa generó una fuerte controversia en el escenario político y judicial. El contralor general de la República, Anel Flores, había expresado su desacuerdo con el texto, argumentando que este eliminaba las auditorías de la Contraloría en las investigaciones por delitos de peculado, lo que —según él— restaría controles al proceso.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también cuestionó el contenido del proyecto y, en su momento, pidió al procurador Gómez que retirara la propuesta. Sin embargo, el procurador decidió mantenerla, lo que acentuó la tensión entre distintas autoridades y dividió opiniones entre dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil, que pedían abrir el debate y aprobar medidas concretas contra la corrupción.

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