¿Cómo funcionaba la red que enviaba devoluciones ficticias desde 28 comercios en EEUU?

Ciudad de Panamá/La audiencia de imputación de cargos contra ocho personas vinculadas a delitos financieros y asociación ilícita se desarrolló este viernes en el Sistema Penal Acusatorio, como parte de la Operación Monteczuma 3.0.

El Ministerio Público investiga el delito de estafa financiera y asociación ilícita en perjuicio de dos bancos de la localidad (Banco General y Banco Azteca).

Aunque los detenidos fueron aprehendidos en una sola operación, el caso se dividió en dos carpetillas: una correspondiente a cinco personas querelladas por una de las entidades bancarias y otra para tres implicados que serían los reclutadores. Ambas audiencias desarrolladas de manera simultánea.

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Durante la audiencia principal —que involucró a cinco ciudadanos en las provincias de Panamá y Bocas del Toro— se legalizó la aprehensión, se les imputaron y, como medida cautelar, se les dio reporte periódico, así como también la obligación de mantenerse en la provincia de su residencia, no cambiar de domicilio, la prohibición de tener contacto entre ellos y la prohibición de utilizar tarjetas de crédito mientras dure la investigación.

La audiencia de los cinco

¿Pero cómo surgió la investigación? Cabe señalar que, por este caso, ya hay varias personas imputadas que fueron aprehendidas en la operación Moteczuma 0.1 y 0.2.

De acuerdo con el Ministerio Público, en diciembre de 2023 un banco (Banco General) presentó una querella tras recibir alertas de Visa Internacional y del departamento de fraude de que muchos de sus tarjetahabientes estaban recibiendo demasiadas devoluciones en tarjetas de visa débito y crédito, asociadas a compras que nunca habían ocurrido.

Según la investigación, el cómplice que tenían en Estados Unidos era quien hacía la alerta de que había que devolverle dinero a al menos 114 tarjetahabientes, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones en total al banco.

Por ejemplo, un tarjetahabiente, en diciembre de 2023, recibió 180 mil dólares en 18 transacciones, cuando su límite era de apenas 2 mil dólares. En la audiencia se conoció que, después de que se le acreditaba ese dinero a su favor, estas personas que prestaban las tarjetas se dirigían a lugares comerciales en la Zona Libre de Colón y en la provincia de Panamá, donde realizaban compras en cantidad de productos de alta gama, entre ellos PS5 e iPhone, que luego eran vendidos para repartir los porcentajes, en algunos casos, hasta el 20%.

En uno de los casos, uno de los tarjetahabientes recibió las devoluciones entre el 13 y el 15 de diciembre de 2023 y realizó compras entre el 23 y el 26 de diciembre hasta agotar el monto que le fue devuelto a su tarjeta.

El mecanismo, según la investigación, iniciaba en 28 locales comerciales de Estados Unidos, desde donde se enviaban solicitudes de devoluciones a Visa Internacional, que luego se acreditaban a los bancos en Panamá y, finalmente, a las tarjetas de los involucrados.

También dos de los cinco imputados reportaron posteriormente haberse gastado los fondos, que sus tarjetas habían sido robadas, pese a que los consumos coincidían exactamente con el uso previo del dinero recibido fraudulentamente.

La Fiscalía también mostró que, según los registros migratorios, ninguno de los imputados había salido del país hacia Estados Unidos en las fechas de las supuestas compras ni en los meses previos. Tampoco pudieron justificar compras realizadas en el extranjero. Al formular cargos, el Ministerio Público pidió detención provisional para los cinco implicados del primer expediente. Sin embargo, la jueza de garantías Luzmila Jaramillo descartó esta medida y le dio reporte periódico.

En esta audiencia la Fiscalía no apeló la medida, de acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, estas personas imputadas estarían dispuestas a llegar a un acuerdo con el banco.

Los reclutadores

En cuanto a la audiencia de los otros tres implicados, el juez de garantías decretó como medida cautelar el arresto domiciliario con brazalete, pese a que la Fiscalía había solicitado la detención provisional. Estos tres ciudadanos, entre ellos un extranjero, fueron catalogados como los “reclutadores”, es decir, los encargados de contactar a los tarjetahabientes por redes sociales. Se les formularon cargos por estafa y asociación ilícita.

No obstante, la Fiscalía apeló esta medida, y la audiencia correspondiente se llevará a cabo el próximo 29 de diciembre.

Con información de Meredith Serracín.