Interponen denuncia penal contra Minera Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado Roberto Ruiz Díaz, interpuso este jueves 12 de enero, una denuncia penal en contra de Minera Panamá S.A., ante la Procuraduría General de la Nación.

Ruiz Díaz solicitó una investigación penal en contra de la sociedad Minera Panamá S.A. y otras personas jurídicas y naturales que puedan resultar responsables por la supuesta comisión de los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delito contra los recursos naturales y los posibles delitos contra el Tesoro Nacional, en la modalidad de defraudación fiscal, así como cualquier otro delito que la investigación determine.

Alega que el recurso es por las actuaciones que realiza la empresa Minera Panamá S.A. “sin tener un Contrato Ley vigente que ampare su actividad, dado el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que decreto la Inconstitucionalidad del Contra Ley No 9 de 1997”.

El abogado solicita que se inicie las investigaciones pertinentes y se sancione el mismo, conforme la legislación vigente y una vez recopilados los elementos de convicción pertinentes y debidamente autorizados por el juez de garantía, se solicite, si es el caso, la imputación de cargos.

El conflicto entre Minera Panamá y el Gobierno continúa. Pese a que han manifestado sus deseos de llegar a buenos términos en las negociaciones, aún existen diferencias entre ambas partes como regalías, deducciones por agotamiento, alcance de la servidumbre, Itbms, entre otras que impiden llegar a un acuerdo.

Ebrahim Asvat, representante legal del Gobierno, explicó ayer en el programa de TVN Radio, Mesa de Periodistas, que el Estado esperaba recibir un mínimo de 375 millones de dólares siempre y cuando el precio del cobre esté por encima de 2.75 dólares y la empresa estuviera extrayendo por encima de una cantidad de toneladas métricas establecidas, sin embargo, Minera Panamá informó que, de acuerdo a su régimen tributario quería que se le otorgara créditos fiscales por la inversión, los que eran aplicados a los 375 millones de dólares, lo que significa que el Estado no los recibiría, porque el hecho de la devolución de créditos fiscales no se recibe el dinero.

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“La Empresa sigue dispuesta a llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes”, manifestó Minera Panamá en un comunicado.

El pasado 19 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato de 1997, ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales.

El Gobierno ha dicho que, a lo largo de este proceso, se ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina.