Ernesto Pérez Balladares, expresidente de la República
12/09/2017 - 9:42 AM
El expresidente fue acusado debido a que una empresa que obtuvo un contrato de concesión en el año 1999, para operar máquinas tragamonedas, presuntamente, enviaba dineros sin justificación a una sociedad vinculada a Pérez Balladares.
Mediante fallo del 30 de agosto de 2017, el Segundo Tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo que previamente había otorgado el Juzgado Noveno Penal el 29 de abril de 2011.
La decisión fue comunicada mediante edicto público fijado en el juzgado ayer lunes 11 de septiembre.
Edicto confirman archivo del caso seguido a Ernesto Pérez Balladares.
El juzgado se negó a dar copia del fallo a los medios de comunicación.
Antecedentes del caso
Esta es la segunda ocasión en el que el Segundo Tribunal decide archivar el caso. Antes lo había cerrado en enero de 2012.
Pero la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada interpuso un recurso de casación (último recurso de apelación) y el 10 de julio de 2015 la Sala Penal declaró nulo el fallo del Segundo Tribunal debido a un error, porque la decisión fue firmada por el magistrado suplente José Hoo Justiniani cuando le correspondía esa responsabilidad a la entonces magistrada Geneva Aguilar De Ladrón de Guevara.
El magistrado de la Sala Penal, Abel Zamorano (que fue ponente del fallo) declaró nulo lo actuado por falta de competencia de Hoo Justiniani y ordenó devolver el caso hasta el momento en que el Segundo Tribunal debe decidir la apelación al sobreseimiento definitivo que dio el Juzgado Noveno Penal.
Luego de esto, Pérez Balladares renunció al fuero electoral que tenía por participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Segundo Tribunal reactivó el caso el 15 de septiembre de 2016.
Es la segunda ocasión en que la fiscalía pierde una apelación por el caso a Pérez Balladares.
Ahora, la fiscalía tiene la última opción de presentar un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte.
La investigación a Pérez Balladares inició en el año 2009 a cargo del entonces fiscal contra la delincuencia organizada José Ayú Prado, que actualmente es magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
