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El caso de los “auxilios económicos”, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en la entrega de estos fondos a hijos y allegados de políticos, ha sido elevado a categoría de causa compleja por petición del Ministerio Público. Durante una audiencia celebrada el viernes 21 de noviembre, un juez autorizó a la Fiscalía un plazo adicional de seis meses, a partir del 8 de enero, para continuar con las investigaciones.
La fiscal Azucena Aizpurúa explicó que la solicitud de prórroga obedece a la pluralidad de imputados y diversidad de hechos relacionados en el proceso. En la actualidad, hay 19 personas imputadas por presuntos delitos de peculado agravado doloso, peculado por extensión y corrupción de servidores públicos.
Asimismo, señaló que están a la espera de los resultados de una ampliación de la auditoría solicitada a la Contraloría General de la República.
En el trasfondo del escándalo, los “auxilios económicos” entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que supuestamente debían destinarse a apoyar a sectores en desventaja o fomentar programas sociales, pero que, según la Fiscalía, fueron desviados para favorecer a personas vinculadas al círculo político más cercano.
La investigación ha revelado patrones que podrían indicar que estos fondos no eran recibidos por los beneficiarios originales, sino que se habrían canalizado hacia familiares, allegados y colaboradores de altos cargos, lo que ha generado acusaciones de clientelismo y uso indebido de recursos públicos.
El principal investigado en este caso es el exdirector del Ifarhu, Bernardo “Nando” Meneses, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Nueva Joya, luego de haber sido trasladado allí desde el centro de detención de Tinajitas.
Meneses fue detenido el 7 de julio de 2025 por presunto enriquecimiento injustificado en el marco de la investigación sobre los auxilios económicos, un programa bajo su dirección que, según la Fiscalía, estuvo marcado por irregularidades, posibles esquemas de “cash back” y otorgamiento discrecional de fondos.