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Fraude multimillonario a la DGI: inicia audiencia a representante de empresa vinculada en entramado de créditos fiscales
La Asociación Bancaria de Panamá se pronunció hoy viernes a través de un comunicado de prensa, asegurando que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legales y de uso común, en medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
Uno de los presuntos cabecillas de la red de funcionarios y particulares que operaban desde la Dirección General de Ingresos (DGI), el abogado José Miguel Jurado Rovira, enfrenta en ese momento audiencia de imputación en la que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pedirá la validación de los cargos y la aplicación de medidas cautelares tras vincularlo a las investigaciones en un entramado de fraude de más de 42 millones de dólares.
Jurado Rovira podría ser vinculado, al igual que las 16 personas aprehendidas durante la operación Pandora el pasado 8 de julio, a la comisión de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. De estos primeras 16 personas vinculadas, 13 están bajo detención provisional y las otras 3 permanecen con medidas de arresto domiciliario.
La audiencia se encuentra en desarrollo.
Este último indiciado se entregó voluntariamente ayer jueves y figura como representante legal de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, una de las empresas mencionadas en la investigación que adelanta el Ministerio Público por la presunta red que manipuló registros tributarios en el sistema E-Tax 2.0 de la DGI.
Según las pesquisas de la Fiscalía, la sociedad habría actuado como una de las empresas intermediarias utilizadas para traspasar créditos fiscales fraudulentos a los beneficiarios finales.
De acuerdo con la investigación, la estructura estaba integrada por funcionarios de la DGI, abogados, intermediarios y sociedades que desempeñaban distintos roles dentro del esquema.
El grupo presuntamente alteraba registros de contribuyentes que habían realizado pagos a través del sistema E-Tax, eliminando esa información para apropiarse de manera fraudulenta de los fondos. Posteriormente, esos montos eran convertidos en créditos fiscales y transferidos a sociedades de papel que actuaban como intermediarias, las cuales finalmente los comercializaban con entidades bancarias y otros compradores.
La ABP defiende legalidad de créditos fiscales y pide investigaciones rigurosas
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) afirmó este viernes a través de un comunicado de prensa que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legales y de uso común, en medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
La ABP aseguró que los créditos fiscales son creados, administrados y certificados por la propia DGI antes de que sean utilizados por las empresas o entren al intercambio comercial, por lo que consideró indispensable esclarecer cualquier irregularidad detectada en ese proceso.
Despejar toda duda sobre la institucionalidad y trazabilidad de estos certificados es vital para proteger la seguridad jurídica de quienes transaccional con estos instrumentos", señaló la ABP.
El pronunciamiento ocurre en medio del desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada que esta red. La Asociación Bancaria sostuvo que el sistema bancario panameño opera bajo un marco regulado y supervisado y que las entidades financieras “mantienen controles permanentes de debida diligencia”.
Además, reiteró que cualquier hecho que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe ser investigado con rigor y conforme a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
