Juicio Odebrecht: Testigo relata presunto vínculo del exministro Suárez con creación de sociedades para mover dinero

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio relacionado con el caso Odebrecht en Panamá avanzó en su undécima jornada con el desarrollo de contrainterrogatorios, la presentación de testigos claves y nuevas revelaciones sobre presuntas operaciones financieras ligadas a la investigación por blanqueo de capitales.

Al inicio de la sesión de este viernes 30 de enero, tres abogados defensores iniciaron su contrainterrogatorio al perito contable Antonio Lim, entre ellos Fernando Morales, representante legal del excandidato presidencial José Domingo Arias.

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Contrato publicitario bajo análisis y multa por inasistencia de testigo

En su intervención, el perito Lin explicó que su informe se sustentó en declaraciones, órdenes de pago y documentos vinculados a personas naturales y jurídicas. Detalló que el contrato de servicios de publicidad y mercadeo para la campaña política de Arias fue suscrito el 1 de mayo de 2013 por un monto de 21 millones de dólares.

Según el experto, el acuerdo fue firmado por Mario Miller en representación del partido Cambio Democrático, y por los publicistas João Santana y su esposa. Tras su comparecencia, culminó el contrainterrogatorio al perito Antonio Lim.

Por otra parte, la Fiscalía había citado al empresario Olmedo Méndez Tribaldos para que explicara ante el tribunal el presunto mecanismo utilizado para recibir transferencias ilícitas provenientes de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht hacia la cuenta de la sociedad Ralfim Limited, supuestamente en beneficio del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

Méndez Tribaldos fue condenado a 46 meses de prisión mediante un acuerdo de pena. Además, suscribió un acuerdo de colaboración eficaz, mediante el cual habría aportado información relacionada con el pago de presuntas coimas a través de sociedades offshore y cuentas bancarias utilizadas bajo la figura de testaferros.

De acuerdo con las investigaciones, los fondos transferidos provenían de la denominada “Caja 2” de Odebrecht, una estructura que manejaba recursos del Departamento de Operaciones Estructuradas y que presuntamente era utilizada para canalizar pagos ilegales en varios países.

Durante la sesión judicial se esperaba la comparecencia del empresario; sin embargo, pese a que —según informó la fiscal Ruth Morcillo— había recibido la boleta de citación, no pudo ser ubicado por las autoridades. Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó la aplicación del artículo 2244 del Código Judicial, que establece sanciones económicas para quienes incumplen citaciones judiciales. En consecuencia, la jueza Baloisa Marquínez impuso una multa de 100 dólares al testigo ausente.

Testimonio clave sobre presunta trama financiera

Posteriormente, subió al estrado el abogado Mauricio Cort, quien previamente fue condenado mediante un acuerdo de pena y colaboración, en donde ahora declaró como testigo del Ministerio Público.

Durante su testimonio, Cort confesó su participación en un esquema que, según indicó, estaba destinado a mover dinero proveniente de Odebrecht a través de múltiples sociedades, fondos que presuntamente habrían terminado en manos de altos funcionarios. El testigo también hizo referencia al rol del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Según Cort, Suárez le solicitó constituir sociedades para recibir fondos y gestionar transacciones financieras, incluyendo operaciones destinadas a la liquidación de empresas. El también abogado explicó que el sistema funcionaba mediante la verificación de depósitos en cuentas vinculadas a sociedades creadas para proyectos específicos.

Declaró que Suárez se comunicaba con él para verificar si habían ingresado fondos. Una vez confirmados, se reportaban los saldos al exministro para que tomara decisiones sobre su manejo. Las operaciones, según detalló, se realizaban a través de sociedades como Loft Holding, The Health Investment e Inversiones Euroamérica.

Asimismo, señaló que el mandato del exministro habría tenido vigencia hasta mediados de 2012, aunque las cuentas continuaron recibiendo fondos hasta 2013.

Reuniones y continuidad de operaciones

El testigo también relató que, en una reunión realizada en un supermercado de la localidad ubicado en el área de Río Abajo, uno de los aforados le informó que Suárez dejaría de dirigir la liquidación de operaciones entre el Grupo Suárez y el Grupo Martinelli. En ese encuentro, según el testigo, se le pidió mantener la misma dinámica de trabajo y continuar administrando las operaciones financieras.

Además, aseguró que se le comunicó que recibiría pagos adicionales derivados de acuerdos con un alto ejecutivo de la empresa FCC. Durante su declaración, Cort describió la utilización de distintas sociedades y cuentas bancarias en el extranjero para canalizar transacciones.

Explicó que la sociedad Stonewood Partners Corp. recibió fondos provenientes de otra empresa denominada Arados del Plata, la cual fue constituida en Uruguay, mediante cuentas en Suiza. Indicó que esos recursos fueron utilizados para la compra de embarcaciones que constan en el expediente judicial.

El testigo también reconoció que era el beneficiario final de varias sociedades utilizadas en estas operaciones, aunque sostuvo que parte de los fondos estaban destinados a terceros conforme a instrucciones recibidas. Cort señaló que mantuvo relación como cliente de la Banca Privada de Andorra (BPA) desde febrero de 2010 hasta mediados de 2013. Posteriormente, indicó que continuó prestando servicios legales a sociedades vinculadas a esa entidad financiera.

Explicó además que brindó servicios como agente residente y director nominal a sociedades manejadas por BPA Services y posteriormente por la empresa Ansei, que heredó su cartera de clientes.

También confirmó la existencia de cuentas a nombre de la sociedad Nissel Corp, las cuales —según su testimonio— recibieron transferencias vinculadas a gestiones solicitadas por uno de los procesados, incluyendo pagos destinados a la compra de un terreno en el proyecto Ocean Reef. Durante su comparecencia, el abogado manifestó arrepentimiento por su participación en los hechos investigados.

Defensa presenta peritaje contable

Tras la culminación del contrainterrogatorio, la defensa de Juan Antonio Niño, el abogado Aníbal Salas, presentó como perito contable privado a Juan Cruz Almirante. El especialista indicó que lideró un informe de “self due diligence” elaborado por la firma multinacional Kroll, enfocado en analizar las operaciones de Niño y la empresa Active Capital Reinsurance, Ltd

Según detalló, el estudio examinó la estructura corporativa de la reaseguradora, así como transacciones relacionadas con sociedades como Espejo Luma, Sherkson y Sigma.

El perito explicó que identificaron relaciones entre Active Capital Reinsurance, Capital Holdings Inc. e Inversiones Joluma S.A. entre 2009 y 2014, en el marco del proyecto HidroPanamá. Durante ese periodo, afirmó que las primas recibidas por la reaseguradora alcanzaron cerca de 3.2 millones de dólares, mientras que las comisiones pagadas rondaron en 1.05 millones de dólares, equivalentes al 33% de lo recibido.

Sin embargo, sostuvo que esas cifras representaban menos del 1% del volumen total de operaciones de la empresa, concluyendo que no detectaron indicios de blanqueo de capitales durante el periodo analizado.

Próximas etapas del proceso

La jueza Baloisa Marquínez declaró concluida la sesión judicial a las 5:08 p.m. de este viernes 30 de enero. La audiencia se reanudará el lunes 2 de febrero a las 8:30 a.m., cuando se prevé la culminación de las pruebas testimoniales presentadas por la defensa de Juan Antonio Niño.

Posteriormente, continuarán las pruebas propuestas por el abogado Rosendo Miranda, defensa del exministro Federico Suárez.

¿Qué es el caso Odebrecht?

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 para asegurar contratos públicos.

Según las investigaciones, los pagos se habrían canalizado mediante una estructura clandestina conocida como la “División de Operaciones Estructuradas” o “Caja 2”, que utilizaba sociedades fachada, cuentas en paraísos fiscales y testaferros.

El delito principal que se juzga en el proceso es blanqueo de capitales, relacionado con el uso del sistema financiero para ocultar el origen ilícito del dinero.