Presupuesto General del Estado para 2027| demandan inconstitucionalidad de siete artículos ante la Corte Suprema

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, presentó este viernes 6 de noviembre una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia a varios artículos de la ley del Presupuesto General del Estado para 2027, al considerar que vulneran la autonomía presupuestaria de la administración de justicia y los principios que rigen las contrataciones públicas.

La acción cuestiona los artículos 7 y 8, en los renglones correspondientes al Órgano Judicial y al Ministerio Público; los artículos 29, 30, 31 y 32; y el artículo 370 de la Ley 563 del 2 de noviembre de 2026, mendiante la cual se aprueba el presupuesto general del Estado para el próximo año. Cedeño comparece en su condición de abogado, en su propio nombre y representación, luego de que la normativa fuese sancionada el 2 de noviembre por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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El diputado sostiene que las disposiciones demandados infringen los artículos 2, 19, 214 y 266 de la Constitución Nacional, relacionados con la separación de poderes, la prohibición de privilegios, las garantías presupuestarias de la justicia y la licitación pública.

Cuestiona diferencias por $83.7 millones

Uno de los ejes de la demanda es la diferencia entre los recursos solicitados por las instituciones de justicia y las asignaciones aprobadas.

Según los cálculos expuestos por Cedeño, esas diferencias suman aproximadamente $83.7 millones, aunque corresponden a distintos componentes presupuestarios.

Según el argumento de la demanda, el Órgano Judicial solicitó $398,600,000 y recibió una asignación de $352,285,043, una diferencia de $46,314,957.

La Procuraduría General de la Nación, sin incluir los recursos de Medicina Legal, pidió $242,061,326 y obtuvo $204,879,132, es decir, $37,182,194 menos.

Por su parte, la Procuraduría de la Administración solicitó $13,366,774 para funcionamiento y se le aprobaron $13,166,774, una reducción de $200,000 frente a lo requerido.

Para comparar el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación, el escrito excluye los recursos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el caso de la Procuraduría de la Administración, el reclamo se refiere específicamente a funcionamiento.

“En materia de Administración de Justicia, la autonomía presupuestaria es una garantía instrumental de la independencia funcional”, señala la demanda.

Cedeño argumenta que las reducciones pueden comprometer la infraestructura judicial, la ampliación de tribunales, la modernización tecnológica y los recursos necesarios para investigar delitos y prestar los servicios de justicia.

Como sustento, cita un fallo del 23 de diciembre de 2021, en el que, según recoge la demanda, la Corte declaró inconstitucionales disposiciones del presupuesto de ese año por afectar la autonomía económica de la administración de justicia.

El reclamo contra el artículo 370

El segundo eje de la acción se concentra en el artículo 370, que establece excepciones a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores a $1 millón, bajo determinadas circunstancias de urgencia, caso fortuito o interés público prioritario.

La disposición incluye al Metro de Panamá y sus subsidiarias, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, bajo las condiciones señaladas en el artículo, los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno.

El texto dispone que las entidades deberán elaborar una lista de los servicios técnicos, repuestos y equipos, y adoptar un reglamento especial de contratación aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial. También contempla evitar la fragmentación contractual.

Sin embargo, Cedeño sostiene que estas condiciones no delimitan suficientemente el alcance de la excepción ni sus controles.

La demanda cuestiona que se utilice la expresión “asuntos de interés general de derechos poblacionales” sin precisar cuáles derechos, programas o adquisiciones quedan comprendidos.

“El umbral inferior a $1,000,000.00 no basta por sí solo para evitar el uso reiterado de la excepción”, argumenta el escrito.

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También plantea que la selección de determinadas instituciones, dejando fuera a otras con funciones comparables, constituye un trato privilegiado sin justificación suficiente.

Aunque reconoce que la Constitución permite excepciones legales a la licitación pública, Cedeño cuestiona que se cree, mediante una disposición presupuestaria anual, un régimen paralelo a la legislación de contrataciones sin garantías suficientes de competencia, comparación de precios y transparencia.

Solicita revisión antes de que comience a regir

La demanda pide que la Corte examine las disposiciones antes de que desplieguen sus efectos presupuestarios, pues la ley comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Según el planteamiento del diputado, esperar a su aplicación podría hacer que el control constitucional resulte tardío frente a compromisos contractuales, postergación de nombramientos y proyectos de inversión.

El presupuesto de 2027 fue sancionado por el presidente José Raúl Mulino el 2 de noviembre por un monto de $35,111.75 millones. Al anunciar la sanción, el Ejecutivo indicó que la distribución de recursos respondió a una evaluación de las prioridades del gasto, la capacidad de ejecución y el equilibrio de las finanzas públicas.