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El juicio por el caso Odebrecht continúa en su tercer día con la etapa final de lectura del auto de llamamiento a juicio por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, previo al inicio de una de las fases de mayor expectativa, la presentación de pruebas, prevista para hoy.
La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Rith Morcillo, adelantó que presentará un amplio caudal de pruebas documentales que, según explicó, permiten demostrar el esquema financiero y las operaciones trianguladas utilizadas por exfuncionarios y empresarios para ejecutar el delito de blanqueo de capitales, el cual tuvo como origen, de acuerdo a su teoría del caso, los sobrecostos de obras que fueron adjudicadas a la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht y la creación de contratos y servicios ficticios para el posterior pago de “coimas y sobornos”.
De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas documentales detallan el uso de los sistemas bancarios de Panamá, Andorra y Suiza como parte de la estructura empleada para movilizar fondos de origen ilícito.
Además de la prueba documental, el Ministerio Público anunció la presentación de testimonios de personas que ya aceptaron responsabilidad penal por la comisión del delito y que colaboraron con las investigaciones. Estas personas suscribieron acuerdos de pena y acuerdos de colaboración eficaz, que en total suman 22, incluidos dos acuerdos avalados por la jueza Baloisa Marquínez en la víspera del inicio del juicio.
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La fiscal Morcillo ha reiterado que, en el caso de los beneficiarios de fondos vinculados a campañas políticas, quienes se han defendido de las acusaciones ante los medios de comunicación, corresponde a la Fiscalía probar que existía conocimiento del delito, aspecto que será abordado dentro de la etapa probatoria.
Según los últimos reportes del Ministerio Público, el proceso ha permitido la recuperación de más de 85 millones de dólares, producto de bienes decomisados, devoluciones de dinero por parte de personas condenadas y multas impuestas en el marco de los acuerdos de pena. Esta cifra sin actualizar las devoluciones de los últimos acuerdos de pena pactados y los dineros recuperados en la banca privada internacional.
Con el inicio de la presentación de pruebas, el juicio entra en una de sus fases clave para el análisis del esquema financiero descrito por la Fiscalía dentro del caso Odebrecht en Panamá.
Dentro del análisis contenido en el auto de llamamiento a juicio leído en el tribunal, la jueza Baloisa Marquínez detalla las presuntas vinculaciones de varias personas imputadas en el caso Odebrecht, entre ellas Michelle Lasso, Carlos Duboy y Aarón Ramón Mizrachi Malca, a partir de los elementos aportados por la Fiscalía Anticorrupción.
Según lo expuesto en el expediente, Michelle Lasso habría jugado el papel de firmante y supuesta beneficiaria de sociedades que actuaron como receptoras de fondos provenientes de Odebrecht. Estos dineros habrían sido utilizados para pagos calificados por la investigación como indebidos o no contabilizados, ejecutados en el extranjero mediante el uso de otras sociedades manejadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
Las investigaciones de la Fiscalía determinan que los fondos recibidos por Lasso tendrían como supuesto destinatario final a Juan Carlos Varela Rodríguez, bajo la justificación de donaciones de campaña, elemento que forma parte del análisis judicial sobre el destino real de los recursos.
En el caso de Carlos Duboy, exministro de Vivienda, el auto señala que figura como beneficiario final y representante legal de la sociedad Strategic Management Group Inc., entidad que presuntamente recibió transferencias de dinero provenientes de sociedades utilizadas dentro del esquema conocido como la “caja dos” de Odebrecht, mecanismo empleado para realizar pagos no contabilizados a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.
Durante sus descargos, según lo leído en el tribunal, Duboy indicó que los fondos correspondían a donaciones para actividades políticas, recibidas tanto a título personal como a través de la sociedad, en su condición de subtesorero de la junta directiva del Partido Panameñista y miembro del comité de finanzas.
De acuerdo con su versión, su función era recolectar aportes de empresas privadas y particulares para cubrir gastos de campaña, como publicidad, logística, planilla y actividades proselitistas. Sin embargo, también manifestó que el apoyo económico se canalizó a través de un ejecutivo de Odebrecht, quien le habría indicado que la política de la empresa era no realizar aportes directos a partidos políticos, sino hacerlo mediante terceros.
Respecto a Aarón Ramón Mizrachi Malca, el auto recoge su presunta vinculación con la trama de sobornos de Odebrecht, a partir del análisis de movimientos financieros asociados a la sociedad Caribbean Holdings Services, Ltd.
Según lo expuesto en el tribunal, los fondos habrían sido movilizados mediante transferencias y otros mecanismos financieros dirigidos a distintas personas cercanas al poder político de la época, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero por parte de las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales.
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En la parte final del auto de apertura de causa criminal dentro del caso Odebrecht, la jueza Baloisa Marquínez dictó sobreseimientos provisionales y definitivos a favor de varias personas naturales y una persona jurídica, según el análisis realizado en el expediente.
El juzgado otorgó sobreseimiento provisional a las siguientes personas:
En tanto, el sobreseimiento definitivo fue concedido a: