Mida suspende ocho plaguicidas altamente peligrosos por riesgos a la salud y al ambiente

Panamá/El uso de plaguicidas en la agricultura panameña volvió a colocarse en el centro del debate nacional, luego que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) publicara la prohibición del registro, importación, comercialización y uso de ocho plaguicidas considerados altamente peligrosos (PAP’s) en todo el país.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. OAL-003-ADM-2026, publicada este martes 20 de enero en la Gaceta Oficial No. 30447, y responde a la creciente preocupación por los efectos de estas sustancias en la salud humana y el medioambiente.

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De acuerdo con el Mida, la decisión se alinea con los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que define como plaguicidas altamente peligrosos a aquellos que representan riesgos elevados, tanto agudos como crónicos, para las personas y los ecosistemas.

Entre los productos suspendidos figuran el herbicida Alaclor, del grupo químico Cloroacetanilida; el formaldehído, utilizado como fungicida y bactericida; y el fungicida Imazalil, del grupo químico Imidazol. También se prohíben el herbicida Propachlor, el insecticida Spirodiclofen, el Carbaril —un insecticida y regulador del crecimiento de plantas—, el Benomilo, fungicida del grupo Benzimidazol, y el Endosulfán, insecticida y acaricida del grupo Organoclorado.

La suspensión de estos productos se da en un contexto marcado por cifras alarmantes de salud pública. Según datos oficiales, solo en 2020 se registraron 7,681 nuevos casos de cáncer en Panamá, convirtiéndose esta enfermedad en la principal causa de muerte en el país, con mayor incidencia en cáncer de mama y próstata. Estudios han advertido sobre la relación entre la exposición prolongada a sustancias químicas y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Las autoridades recuerdan que la exposición a plaguicidas ocurre principalmente por vía cutánea, oral y respiratoria, lo que implica que los residuos pueden ingresar al organismo humano a través del consumo de alimentos y agua.

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No obstante, la resolución contempla un periodo de gracia de 18 meses para que importadores y distribuidores puedan agotar las existencias de estos plaguicidas que ya contaban con registro en el país. Una vez vencido este plazo, el Mida, en coordinación con el Ministerio de Salud, procederá a recoger cualquier formulación restante en bodegas o puntos de venta, con el fin de devolverlas a su país de origen.

Las empresas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme a la Ley No. 47 de 1996, advirtió la entidad.