Panama Ports acusa al Estado de allanar instalaciones 'sin notificación'

Ciudad de Panamá, Panamá/Panama Ports Company, S.A. (PPC) reaccionó este viernes 27 de febrero a los allanamientos realizados en sus dependencias la tarde y noche del jueves y aseguró que el Estado ejecutó “una irrupción sin notificación previa” en una instalación privada donde —según afirma— se almacenaba documentación propietaria y material sujeto a privilegio legal.

En un comunicado difundido este viernes, la compañía sostiene que el 26 de febrero las autoridades ingresaron a un centro de almacenamiento que contenía información recopilada en el contexto de procesos judiciales en curso. A juicio de PPC, esta actuación “evidencia que el Estado ha socavado el debido proceso como parte de la toma estatal”.

La empresa indicó además que había solicitado previamente establecer “mecanismos claros de coordinación” para el acceso, custodia y protección de su información propietaria y privilegiada, incluyendo aquella que —según subraya— no guarda relación con la operación portuaria. Sin embargo, afirma que, en lugar de aclaraciones, se adoptaron medidas “aún más graves”.

Ayer, el Ministerio Público aclaró que se trataba de un "allanamiento excepcional" a unas oficinas ubicadas en Albrook, pero el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, evitó confirmar que las dependencias pertenecían a PPC.

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En el mismo comunicado, PPC asegura que la República de Panamá ha actuado en desconocimiento del Estado de Derecho y que, en el último año y particularmente en la última semana, ha quedado en evidencia —según su versión— que los inversionistas extranjeros no pueden confiar en el marco jurídico y contractual panameño.

La compañía también rechaza lo que califica como una “campaña diaria de desinformación” por parte del Estado, señalando que busca desviar la atención de lo que describe como una “toma forzosa” de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como de la ocupación de bienes de la empresa.

La empresa amenazó con llevar este caso a los foros internacionales.

Ayer, el Ministerio Público aclaró que se trataba de un "allanamiento excepcional" a unas oficinas ubicadas en Albrook, pero el fiscal evitó confirmar que pertenecían a PPC.

El pasado lunes 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá tomó los puertos administrados por la filial hongkonesa de Hutchison, al estar en firme el fallo de inconstitucionalidad del contrato entre PPC y el Estado.

De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa y sus inversionistas han manifestado su objeción a lo que califican como "la toma ilegal de los puertos", así como a la ocupación de activos pertenecientes a la empresa, incluida información de carácter propietario y legalmente protegida.

“PPC y sus inversionistas han manifestado de forma categórica al Estado su objeción a la toma ilegal de los puertos, así como a la ocupación y toma de bienes pertenecientes a PPC, incluyendo información de carácter propietario y legalmente protegida”, dijeron.

PPC indicó además que solicitó formalmente al Estado establecer mecanismos claros de coordinación para el acceso, custodia y protección de su información privilegiada como empresa privada, incluyendo aquella que no guarda relación con la operación portuaria.

Ayer, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que durante casi todo el año pasado, 2025, se sostuvieron varias reuniones con altos ejecutivos del conglomerado CK Hutchison Holdings en Nueva York y Washington con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver el problema de los puertos. "Lo único que encontramos fue arrogancia. A nosotros nadie nos va a patear fuera de los puertos. A nosotros nadie nos va a sacar de los puertos", declaró el mandatario durante su conferencia semanal de prensa.

El presidente Mulino agregó que quienes intentaron mantener el control de las terminales "se equivocaron de presidente y de gobierno porque aquí se hace lo que se tiene que hacer".

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PPC también sostuvo que el ingreso a los puertos de Balboa y Cristóbal, junto con la ocupación de sus bienes, “ha resultado completamente fallida” debido —según destacan— a una conducta estatal carente de transparencia y deficientemente coordinada.

El 23 de febrero pasado, mediante procedimiento excepcional, el Gobierno aprobó los contratos celebrados entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá S.A. y TIL Panamá S.A. para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, por 18 meses.

Según la Resolución N.° 4 de 23 de febrero de 2026, se aprueba la contratación transitoria de APMT Panamá S.A. por 18 meses para la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa y un monto de veintiséis millones cien mil dólares ($26,100,000.00).

En tanto, en la Resolución N.° 5 de 23 de febrero de 2026 se establece el contrato transitorio de TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico, y un monto de quince millones ochocientos mil dólares ($15,800,000.00).