Panamá Ports Company: Corte Suprema abre plazo para alegatos en demanda de inconstitucionalidad contra contrato

Panamá/Un plazo de 10 días habilitó la Corte Suprema de Justicia para que los interesados presenten sus alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor Anel 'Bolo' Flores contra el contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company (PPC).

El proceso fue formalizado mediante el Edicto N.º 1027, expedido hoy por la Secretaría General de la Corte, que ordena lapublicación de la resolución en un diario de circulación nacional durante tres días consecutivos. El periodo de diez días comenzará a contarse a partir de la última publicación del edicto.

Anel Flores presenta demandas de inconstitucionalidad y de nulidad contra contrato de Panama Ports

El trasfondo de la demanda

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Antonio Moreno Correa, en representación de la Contraloría General de la República. El recurso busca que se declare inconstitucional el contrato celebrado entre el Estado y Panamá Ports para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

Dicho contrato fue aprobado originalmente por la Ley 5 de 1997 y posteriormente modificado por tres adendas, ratificadas mediante las leyes 55 de 2005, 25 de 2010 y 79 de 2012, las cuales extendieron de manera automática su vigencia en virtud de la cláusula 2.9 del acuerdo.

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El trámite judicial

La Corte admitió las demandas de inconstitucionalidad y de nulidad presentadas por el contralor el pasado 1 de agosto. Sin embargo, el avance del proceso podría verse afectado por la acumulación de recursos y los trámites que exige la vía de nulidad, que aún no han superado todas sus etapas procesales. Esto debido a que la misma Sala tramita una primera demanda de inconstitucionalidad presentada por los juristas Julio Macías y Norman Castro. Además, de la demanda de nulidad del abogado Roberto Ruiz Díaz.

Actualmente, las demandas de inconstitucionalidad están bajo la ponencia del presidente de la Sala Primera de lo Civil, magistrado Olmedo Arrocha, mientras que las de nulidad se encuentran en el despacho del magistrado Carlos Alberto Vásquez, de la Sala Tercera de lo Contencioso.

El procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, ya fue notificado de los expedientes y ya habría emitido concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad.

Con la fijación del edicto y la apertura del periodo de alegatos, se abre un nuevo capítulo en el debate jurídico sobre la vigencia y legalidad del contrato con Panamá Ports Company, considerado uno de los más relevantes en la operación portuaria del país.

Auditoría contra PPC

El 20 de enero de 2025, el contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, inició formalmente una auditoría forense a Panama Ports Company (PPC), asistido por un equipo de auditores que ingresó a las instalaciones de la empresa para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y financieras establecidas en el contrato de concesión.

En abril, Flores presentó los hallazgos del informe, señalando que la auditoría anterior —usada para justificar la prórroga automática del contrato— había sido “malamente tergiversada” por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según la valoración, Panamá debió recibir unos 1,337 millones de dólares, pero solo percibió $483 millones, lo que se traduce en un perjuicio de más de $1,2 mil millones.

A raíz de estos resultados, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación penal de oficio, citando incluso a los 18 auditores responsables del informe para esclarecer los hallazgos. Las diligencias incluyen entrevistas, comisiones técnicas y el análisis de documentos asociados a la renovación contractual.