¡Enfrentados por reforma al transporte! Proyecto de ley divide a diputados, transportistas y usuarios

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional ha puesto en el centro de la discusión un tema que toca la fibra de miles de panameños: la reforma al transporte público. Con la presentación de un proyecto de ley impulsado por el diputado Neftalí Zamora, se busca modificar el modelo de administración actual, un sistema que, según sus proponentes, está desfasado y permeado por privilegios y un "mercado negro" de certificados de operación. La iniciativa ha encontrado un rotundo rechazo en la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), mientras que los usuarios la ven como una oportunidad para obtener un servicio digno.

Postura de los proponentes y usuarios: modernización y fin a los privilegios

El diputado Neftalí Zamora, proponente de la ley, defendió la necesidad de sentar las bases para una "discusión completa y holística" sobre el transporte. Según él, la ley actual funciona "como si fuera hace 20 años atrás" y el nuevo proyecto tiene tres objetivos principales:

• "Proteger al usuario, darle más fuerza al usuario en esta relación entre el prestador de servicio".
• "Poder empoderar al buen conductor", para que no dependa de "privilegios de otros".
• "Poder asegurar que el servicio tenga calidad y seguridad".

Zamora detalló que el modelo central de la reforma es el "modelo de concesión por licitación", buscando transformar lo que hoy es "casi un derecho permanente" en un servicio con parámetros definidos, como reguladores de velocidad o el uso de pago por tarjeta.

"Panamá tiene más de 20 años con una ley que no solo ya ha demostrado que no responde a las necesidades directas del usuario, sino que también está desfasada a la hora de generar un servicio. Se generó un conjunto de privilegios para un conjunto de personas", destacó el diputado.

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Zamora también cuestionó el sistema actual de cupos, refiriéndose a un "mercado negro" donde los certificados se venden por "$10,000, $15,000, $30,000 dólares, que no genera ingresos para el Estado sobre algo que debe ser y siempre ha sido un bien público". Además, citó un fallo de 1991 para enfatizar que el certificado de operación "no constituye propiamente un título de propiedad", sino una autorización para prestar un servicio.

Por su parte, Yaritza Díaz, representante de los usuarios, apoyó la iniciativa al señalar que "debe ser tomada en cuenta, debe estar en la mesa del diálogo". Desde la perspectiva del usuario, la presión económica de las prestatarias sobre los transportistas se traduce en un mal servicio y el cobro de "tarifas de maneras arbitrarias".

"Los transportistas no son nuestros enemigos, pero tampoco han sido hasta el día de hoy nuestros aliados, y eso es lo que estamos buscando... La reacción por parte de un representante de Canatra en los medios de comunicación en días atrás fue vista, donde ya lanzaron abiertamente la amenaza de que iban a paralizar el transporte público si se daba pie a este proyecto de ley", acotó la usuaria.

Fue enfática al señalar que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) "no ha sido nuestro aliado" y que el alto costo del pasaje, producto de la cadena de costos de las prestatarias, afecta directamente a comunidades vulnerables.

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Rechazo de Canatra: "Anteproyecto de ley inconsulto" y amenaza de paro

Omar López, representante de Canatra, expresó el rechazo rotundo del gremio. Su principal objeción es que se trata de un "anteproyecto de ley inconsulto", alegando que "no se han realizado las consultas correspondientes, no se ha tomado en cuenta al usuario".

López afirmó que la ley propuesta va en contra de los derechos adquiridos por los transportistas, quienes poseen un "derecho de concesión otorgado mediante un acto público" desde 1993 y 1999. El representante negó la existencia de un mercado negro, insistiendo en que lo que se vende es el valor de la concesión para su explotación.

"Lo que nosotros mantenemos es un derecho de concesión otorgado mediante un acto público... Yo no veo que esta ley beneficie ni fortalezca el mejoramiento de la institución que es interregulador y fiscalizador, que tiene que verla por el transporte", dijo López.

El líder gremial defendió que el problema central no es el modelo, sino la falta de actuación de la ATTT, la cual "cuenta con las herramientas, los decretos, los reglamentos para sancionar". Atribuyó las fallas del servicio a que la ATTT no ejerce su rol fiscalizador de forma efectiva.

En un punto de alta tensión, López reiteró la posición de los transportistas de oponerse a la ley, llegando incluso a una amenaza directa: "Es que el momento que se prohíje el anteproyecto de ley, nosotros vamos a un paro a nivel nacional; no lo establecí yo, lo establecieron los transportistas".

Pese al desacuerdo, López llamó a la creación de una mesa de diálogo y consenso "donde participemos todos los actores" para abordar el tema, aunque el diputado Zamora replicó que ese espacio es precisamente la discusión en primer debate de la Asamblea.

El rol de la ATTT y la solución del modelo

Neftalí Zamora explicó que su proyecto empodera a la ATTT para que, en el proceso de licitación, sea el actor que establezca los parámetros claros de calidad y servicio (límites de velocidad, precio, normas de ruido, etc.), permitiendo así una fiscalización real y efectiva.

"El modelo que propone el proyecto es un modelo de concesión por licitación, o sea, poder darle la oportunidad a que tenga un tiempo... El transporte público es la única licitación pública que es permanente", argumentó el diputado.

López, sin embargo, se mostró escéptico, sugiriendo que la licitación beneficiaría a las "plataformas electrónicas que nunca han pagado un impuesto".

Díaz cerró el debate con una exhortación a las partes: "Como usuaria, es lamentable ver que en este país es difícil llegar a un consenso; cada parte trata de ver por su beneficio solamente. Exhorto a que esa posición de negatividad la puedan cambiar y estar abiertos a todo lo que traiga una mejora no solo para la parte del transporte, sino para la parte que sostiene al transporte, que somos nosotros los usuarios".

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.