Canatra rechaza reformas al sector transporte y advierte con paro nacional si diputados insisten
Actualmente, la presidente de la Comisión de Transporte es la diputada Shirley Castañedas, quien tras recibir en cortesía de sala a los transportistas hace unas semanas enfatizó que se abrirá un periodo amplio para análisis técnico y consulta ciudadana.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Nacional de Transporte (Canatra) expresó este su rechazo rotundo al anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que busca modificar la normativa que regula al sector.
El presidente de Canatra, Jorge Dimas Collado, sostuvo que la propuesta no responde a las verdaderas necesidades del transporte y, por el contrario, podría generar inestabilidad, desorden y perjuicios directos a los transportistas y usuarios.
"Nuestro sector unido no permitirá que se pongan en riesgo la estabilidad y los derechos adquiridos a través de leyes que han regido la actividad por más años, y exigimos a los honorables diputados, Netfalí Zamora y Ewin Vergara que se abstengan de insistir en cualquier forma", expresó Dimas Collado.
El dirigente reiteró el llamado a la unidad gremial para enfrentar cualquier intento de reforma y lanzó una advertencia: “En el primer momento que prohijen este anteproyecto, llamaremos a un paro nacional de transporte a nivel nacional".
Previamente, Zamora aclaró en TVN Noticias que su proyecto de ley nace de la necesidad de enfrentar el deficiente servicio de transporte público en Panamá Norte. Tras un año en la Comisión de Transporte, Zamora entendió que la deficiencia se debe a que la normativa actual otorga a las concesionarias un "privilegio gratuito", al ser dueñas de las rutas sin fecha de vencimiento. Esto permite un sistema desordenado donde se cobran cupos y zarpes ilegales a los operadores de bus.
De acuerdo con el diputado, su proyecto busca reformar esta situación para que las concesiones se otorguen por licitación pública, lo que permitiría al Estado establecer contrapesos y regulaciones claras.
Destacó que la normativa actual no permite evaluar si el servicio es bueno, ni permite a los usuarios presentar quejas que tengan un impacto real en la concesión. Por el contrario, la relación no es equitativa, ya que las concesiones no son responsables de los malos resultados del servicio, a pesar de cobrar por él.
Además, negó que el proyecto busque eliminar las organizaciones de transporte, asegurando que lo que busca es beneficiar a los buenos conductores organizados. Afirmó que el proyecto les daría la oportunidad de obtener un préstamo para adquirir sus propios buses y mejorar el servicio, algo que el actual "limbo jurídico" les impide. Zamora enfatizó que el sistema actual se basa en "palanca de la mala", donde solo aquellos con cercanía al poder obtienen concesiones.
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Por su parte, Vergara ha manifestado que el proyecto busca poner fin a los abusos en la prestación del servicio de transporte selectivo y en la asignación de cupos de taxis, un negocio que, de acuerdo con varios diputados, se ha distorsionado en los últimos años.
La reforma plantea modificaciones a las normas de 1999 y 2003, así como la eliminación de la figura de la “cartaval”, que ha servido para multiplicar cobros a los conductores y alimentar un sistema considerado “viciado”. Según Vergara, en el país existen entre 85 mil y 90 mil cupos, muchos de ellos concentrados en manos de intermediarios y prestatarias, lo que ha generado un monopolio difícil de romper.
La diputada Grace Hernández, quien respalda la propuesta, subrayó que el proyecto busca dar mayor transparencia al sistema.
“Una de las ideas es que en la página web de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se publique quiénes son los dueños de los cupos. Es momento de pensar en el ciudadano y no en el dinero”, enfatizó.
La Ley 14 de 1993, sus modificaciones en la Ley 34 de 1999 y la resolución de 2003, que regulan el transporte terrestre público de pasajeros, es la que está en el centro de la polémica.
Actualmente, la presidente de la Comisión de Transporte es la diputada Shirley Castañedas, quien, tras recibir en cortesía de sala a los transportistas hace unas semanas, enfatizó que se abrirá un periodo amplio para análisis técnico y consulta ciudadana.
“Vamos a hacer un estudio porque esto genera una serie de análisis que haremos con las autoridades competentes a nivel nacional. Esto no es hacer por hacer, es un tema muy sensitivo que lleva más de 30 años. Necesita cambios, sí, pero hay que tomar en cuenta a los usuarios”, aseguró Castañeda.
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