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Panamá/Una persona elegida para dos cargos de elección popular podría conservar la titularidad de ambos durante todo el período constitucional, aunque solo ejercería uno a la vez. Este es uno de los cambios planteados en un documento con 48 propuestas al proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral y al que tuvo acceso este medio: 29 modificaciones, cinco artículos nuevos y la eliminación de 14 artículos del proyecto.
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Según el texto, la persona electa tendría cinco días hábiles después de su proclamación para comunicar al Tribunal Electoral cuál cargo ejercerá primero. En el otro quedaría de licencia sin sueldo durante al menos un año y asumiría su suplente. Cumplido ese plazo, podría continuar de licencia o cambiar de puesto. La propuesta impide ejercer ambos cargos y cobrar dos salarios al mismo tiempo.
Entre los 14 artículos que el documento pide eliminar del proyecto 699, uno planteaba derogar la norma que crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Si se retira ese artículo, se descarta la derogación y la comisión se conserva.
También se propone dejar fuera dos artículos que reducían el alcance del fuero electoral penal para dirigentes de partidos y ajustaban sus períodos de protección. Otros artículos cuya eliminación se solicita tratan sobre la organización de las mesas de votación, el manejo de actas de escrutinio, multas electorales y un mecanismo para que el Tribunal Electoral cobrara sanciones.
El artículo 34 del proyecto, por ejemplo, era el que proponía derogar la norma que creó la CNRE. El Tribunal proponía, en reemplazo de la CNRE, fortalecer el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo permanente de consulta del Tribunal Electoral. Señalando que "se reconoce el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo reglamente. El Foro Ciudadano y de Libre Postulación será convocado durante los procesos de consulta que realice el Tribunal Electoral, y cuando lo estime conveniente.”
Quienes busquen una candidatura por libre postulación necesitarían firmas equivalentes al 3 % de los votos válidos emitidos en la elección anterior para el mismo cargo y circunscripción. El plazo para reunirlas llegaría hasta el 31 de agosto del año previo a los comicios.
Para la Presidencia, el Parlacen y los circuitos uninominales, entre otros cargos, podrían llegar a la papeleta las tres nóminas con más firmas válidas que cumplan el mínimo. En los circuitos plurinominales se podría reconocer un número de candidaturas independientes igual al de curules en disputa. Para el Parlacen habría una excepción en 2029: se exigirían firmas equivalentes al 1.5 % de los votos válidos de la última elección presidencial.
La propuesta también permitiría a los inscritos en partidos respaldar con su firma a un aspirante independiente sin renunciar a su colectivo.
El documento plantea asignar a los partidos el 93 % del financiamiento público preelectoral. De esa suma, una cuarta parte se repartiría por igual y el resto se distribuiría según los votos obtenidos en la elección anterior.
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Los topes de financiamiento privado serían de hasta $10 millones para una candidatura presidencial. Para diputaciones se proponen límites de $300,000, $400,000 o $500,000, de acuerdo con el número de electores del circuito. En las alcaldías, el máximo podría llegar a $500,000.
Además, los partidos podrían dedicar hasta el 50 % de su financiamiento público poselectoral a salarios, remuneraciones y servicios profesionales, con un límite individual de diez veces el salario mínimo aplicable.
La propuesta modifica la adjudicación de curules por cociente, medio cociente y residuo en los circuitos plurinominales. Establece que los candidatos independientes participen de forma individual: sus votos no se sumarían ni se transferirían entre candidaturas.
El paquete también incluye alternancia de género en las nóminas para elegir directivas partidarias, restricciones al uso no autorizado o manipulado de la imagen y la voz de candidatos, plazos de renuncia para determinados funcionarios que aspiren a un cargo electivo y multas vinculadas con firmas e informes de gastos.
La propuesta también amplía los plazos para rendir cuentas sobre determinados gastos de campaña. Los partidos tendrían 90 días hábiles después de la elección para presentar esas cuentas, en lugar de los 30 días hábiles previstos en el proyecto original. Si se detectan inconsistencias, dispondrían de 60 días hábiles desde la notificación para subsanarlas, en vez de 30.