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Panamá/Por primera vez en años, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) administrará directamente sus programas de becas, sin la intermediación del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que hasta ahora gestionaba esos recursos.
Así lo establece la Ley 475 del 25 de junio de 2025, publicada esta semana en la Gaceta Oficial.
La norma representa un giro significativo en la gestión de fondos públicos para la formación académica superior, especialmente tras los cuestionamientos al Ifarhu por la entrega discrecional de auxilios económicos y becas a personas con vínculos políticos, en detrimento de estudiantes sin padrinos.
En marzo pasado, Violeta Cumberbatch, directora de Capacidades de Senacyt, consideró positiva la norma, dado que cuentan con más de 3 mil becarios beneficiados del programa y, actualmente, existen 730 activos, donde se busca crear esa capacidad científica y polos de competitividad que aporten al desarrollo del país.
De acuerdo con el artículo 2 de la nueva ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá transferir los fondos asignados a nuevas becas directamente al presupuesto de inversión de la Senacyt, lo que excluye al Ifarhu de toda participación futura en la asignación y ejecución de estos programas educativos.
La Senacyt, además de administrar los recursos, tendrá la responsabilidad de transparentar y regular el proceso de selección de becarios. La ley establece criterios estrictos para los aspirantes, incluyendo la obligación de retornar al país en un plazo máximo de 90 días tras culminar los estudios. A su regreso, los beneficiarios deberán reportarse ante la institución y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la beca.
Asimismo, se contempla la creación de una comisión evaluadora externa integrada por académicos nacionales o extranjeros, con o sin residencia en Panamá, que tendrá la tarea de revisar las solicitudes. Esta medida busca blindar el proceso frente a influencias políticas o conflictos de interés.
Aunque el Ifarhu queda fuera de la nueva estructura, la Ley 475 aclara que los contratos otorgados bajo el programa Ifarhu/Senacyt antes de la entrada en vigencia de la normativa seguirán vigentes hasta que los becarios concluyan sus estudios. El Ifarhu deberá cumplir con los desembolsos pendientes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento, y el MEF deberá garantizarle los fondos necesarios para ello.
La ley otorga al Órgano Ejecutivo un plazo de seis meses para reglamentarla, tiempo en el cual deberá definir los procedimientos operativos, administrativos y académicos bajo el nuevo esquema.
La decisión de desvincular al instituto del manejo de las becas de Senacyt fue propuesta por el diputado de la bancada independiente Vamos, Luis Duke, en medio del escándalo de la entrega de becas y auxilios económicos del Ifarhu que se encuentra bajo investigaciones.