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Subcomisión de la Asamblea sigue el analisis de proyecto que modifica la Ley de Contrataciones Públicas
La propuesta busca modificar la Ley 22 de 2006 con el objetivo de garantizar mayor transparencia y prevenir actos de corrupción en los procesos de contratación con el Estado.
Ciudad de Panamá/Con penas de prisión que van de cuatro a ocho años será sancionado todo servidor público que favorezca a empresas en los actos de contratación pública con el Estado, según lo establece el Proyecto de Ley 339, actualmente en análisis por la subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Luis Duke.
La propuesta, presentada por el diputado Augusto Palacios, busca modificar la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, y la Ley 14 de 2007, que adopta el Código Penal, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y prevenir actos de corrupción en los procesos de contratación con el Estado.
De acuerdo con el diputado Duke, la iniciativa también plantea que las personas condenadas por delitos de corrupción sean inhabilitadas para participar en actos públicos por un periodo de hasta 10 años, reforzando así los mecanismos de control sobre las empresas que contratan con el Gobierno.
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“Se está tratando de modificar algunos artículos de la Ley original, para hacer más rígido los procesos, a fin de que el Estado sea más cauteloso sobre la empresa que se está contratando”, explicó Duke.
Por su parte, Enzo Bonnett, representante de la Dirección General de Contratación Pública (DGCP), calificó el proyecto como viable, aunque señaló que “existen preocupaciones respecto al régimen de sanciones”.
No obstante, indicó que una vez se logre homologar e incorporar la norma administrativa en el Código Penal, no habría mayores inconvenientes para su aplicación.
En tanto, Tania Saavedra, de la Procuraduría General de la Nación, recomendó revisar el artículo 51 de la ley, debido a las dificultades prácticas que se han presentado en su implementación. Sugirió que se diseñe una herramienta más efectiva para sancionar a las empresas infractoras.
Finalmente, el representante de la sociedad civil, José Alba, enfatizó la necesidad de capacitar a los servidores públicos involucrados en los procesos de contratación, a fin de que se especialicen en esta materia y puedan verificar con mayor transparencia el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas.
