Ganaderos siguen con su plan de exportar carne a Estados Unidos, ¿Qué los detiene en la Asamblea Nacional?

Ciudad de Panamá, Panamá/Corte apetecido y delicado. Los ganaderos panameños están trabajando a paso lento, pero seguro, para que el país adquiera la certificación de la equivalencia del sistema sanitario, que les permita exportar carne bovina hacia Estados Unidos.

En ese proceso, informaron que cuentan con la asesoría de la Oficina de Servicios Agrícolas en el Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS, por sus siglas en inglés), que mediante un proyecto de colaboración con Panamá ha enviado varios expertos para lograr la exportación de carne al mercado estadounidense, meta que recientemente lograron los ganaderos de la República Dominicana.

“Es de esperar que nosotros también lo lograremos”, no dudó en afirmar el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz.

Recordó que anterior a 1978, cuando el gobierno militar prohibió las exportaciones cárnicas, los nacionales enviaban unos 5 millones de libras anuales de este producto a Estados Unidos.

Pero, pese al optimismo de los ganaderos, en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley que mantiene trancado el proceso para acelerar la exportación cárnica, toda vez que trata de diversos temas, entre ellos el pago de los veterinarios del Ministerio de Salud que atienden en los mataderos, aspecto que los estadounidenses exigen que sea tratado y reglamentado aparte, según dijo una fuente gubernamental consultada.

“No puede ser que actualmente sean los mataderos los que le estén pagando las horas extras a estos funcionarios, que no quieren renunciar a ese privilegio, pues el dinero que cobran prácticamente es un salario adicional”, y el argumento de la contraparte estadounidenses es que eso los convierte en “juez y parte”, pues no existe la certeza de que lo que certifiquen se ajuste a la realidad.

“Lamentablemente, en el país hay una máxima que dice que el que paga manda”, por lo que este es un costo que debía asumir el Estado, afirmó el informante, ligado a este proceso.

Adujo que ante la resistencia de los veterinarios, una de las opciones que se está manejando es que el dinero que se pague por los análisis de laboratorio para la exportación vaya a parar a una cuenta de un organismo, que bien pudiera ser el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), que a su vez haría el pago a los veterinarios.

En este sentido, afirmó que con el Oirsa ya se ha trabajado en un convenio al respecto, pero sin llegar a un acuerdo definitivo.

Ningún representante de los veterinarios, agrupados en la Asociación Nacional de Veterinarios y en el Colegio de Veterinarios de Panamá, pudo ser contactado para conocer su versión.

“Hay problemas internos graves en la asociación, por lo que es mejor mantenerse al margen”, se limitó a decir un profesional de esta ciencia, que invocó el anonimato.

Otro aspecto que según la fuente no deja avanzar el proyecto de ley es que hay quienes intentan elevar los precios que se deben cobrar por los análisis, con el propósito de englobar el fondo que iría a un organismo internacional, garantizándoles más ingresos.

De ser aprobado el polémico proyecto, se indicó que solo los veterinarios de los ministerios de Salud y Desarrollo Agropecuario serían los autorizados para la certificación, obviando a otros profesionales aptos para estos menesteres, como es el caso, por ejemplo, de los zootecnistas.

Pese a todos estos inconvenientes, los ganaderos están concentrados por lograr la exportación al país norteño, aunque manifestaron que también están  al tanto de los esfuerzos que se están haciendo para que el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC), firmado en junio de 2002 y que entró en vigencia en 2012, sea revisado y modificado en algunos aspectos.

En este punto, las autoridades norteamericanas han reiterado que los productores panameños deben buscar como potenciar el tratado para que les sea beneficioso, pues por el momento no hay visos de que sea renegociado, ni modificado.

Sobre la carne bovina deshuesada, cuyo arancel dentro del tratado baja a 0% en el 2026, el secretario ejecutivo de la Anagan, Euclides Díaz, reiteró que estos cortes son en su mayoría importados por restaurantes y están destinados en un gran porcentaje al procesamiento de hamburguesas.

Hasta el 19 de marzo de este año al país habían ingresado 984,976 kilogramos de carne deshuesada, por un valor unitario de 7,69 dólares el kilo y un valor total CIF (costo de la mercancía en el país de origen, del seguro y del flete hasta el puerto de destino) de 7 millones 574 mil 329 dólares, de acuerdo con estadísticas de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Díaz manifestó que el sector necesita que Estados Unidos mejore en el TPC el tratamiento para algunas líneas de los productos lácteos, como el yogurt, los quesos y la leche fluida.

La leche fluida, que actualmente mantiene un arancel de 28.7%, llegará a un arancel de 0% en 2026, mientras que los quesos, que hoy día están protegidos con 18.8%, se desgravarán a 0% en 2028.

Los demás productos, como la mantequilla y leche en polvo, entre otros, “no lo producimos, pues no tenemos ni economía de escala ni energía barata”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Anagan.