Contenido Exclusivo: Primer año del gobierno de Mulino

José Raúl Mulino llegó al poder entre aplausos, promesas y la sombra de su “amigo” Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y aún presente en cada línea de su discurso cargado de símbolos y silencios.

“Chen chen”

“Estamos mal, pero la cosa pinta bien”. Una promesa en particular marcaría la pauta. “Llegó el momento de hablarles del ‘chen chen’”.

La promesa de más “chen chen” tuvo muy pronto un choque con la realidad. “No hay un número que no esté en rojo”.

Y es que incluso a nivel del Estado, la situación se complicó a la hora de discutir el presupuesto 2025.

El 8 de octubre, el Ejecutivo presentó un presupuesto inicial de poco más de 26 mil millones de dólares, una reducción significativa versus el año anterior.

Pero este fue retirado dos días después y un segundo proyecto también naufragó luego que la Asamblea objetara el incumplimiento de varias leyes, entre ellas la asignación del 7% del PIB para educación.

“Necesitamos un presupuesto conservador, y tendremos un presupuesto conservador. No me voy a someter a chantajes de nadie, y espero que así se entienda en santa y buena paz”, dijo Mulino en conferencia de prensa del 24 de octubre 2024”.

Finalmente, una tercera versión del presupuesto fue aprobada en la Asamblea por 30.1 mil millones de dólares, cuatro mil millones más de lo que aspiraba el Ejecutivo.

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En busca de poner orden a las finanzas, iniciaron controles y auditorías a varias instituciones.

La Asamblea no se escapó de esta medida. La Contraloría inició auditorías a las planillas en busca de las llamadas botellas. También se auditaron los fondos de la descentralización y se pusieron en pausa los controversiales auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu).

Paralelamente, el gobierno empujó programas como Mi Primer Empleo, dirigido a fomentar puestos de trabajo para la población joven.

Y el 20 de febrero puso en marcha un plan de reactivación económica que incluye 14 proyectos de infraestructura.

Trump y Panamá

En noviembre, Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos por segunda vez y no tardó en poner a Panamá en su agenda.

La respuesta del gobierno de Mulino, no se hizo esperar. “Cada metro del canal de Panamá es de Panamá y lo seguirá siendo”.

En su toma de posesión, Trump redobló, sin pruebas, sus acusaciones sobre el Canal.

“China está operando el canal de Panamá. Nosotros se lo dimos a Panamá, no a China y lo vamos a recuperar”.

Y no se quedó en discurso. Panamá fue el primer destino internacional del secretario de Estado Marco Rubio y aunque el tono de la visita fue cordial, desde Washington surgió la exigencia de que los barcos estadounidenses pasaran por el Canal, primero y sin pagar peaje.

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“Me parece absurdo que tengamos que pagar por algo que tenemos la obligación de proteger. Nuestras expectativas fueron claras”. Declaró Rubio en su momento.

El aumento de la tensión entre Panamá y Estados Unidos ya era evidente.

“A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo un comunicado importante, institucional de la entidad que rige la política exterior de EEUU en función de una falsedad, y eso es intolerable", recalcó Mulino.

Una llamada telefónica entre ambos mandatarios anunciada para el 7 febrero por Mulino pretendía aclarar la situación, pero nunca se dio.

Lo que sí se anuncio fue la llegada del segundo enviado del presidente Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth.

No tardó en surgir la primera polémica: un comunicado en conjunto en el que la versión estadounidense omitía el reconocimiento de la soberanía irrenunciable del canal de panamá y áreas adyacentes.

En conferencia de prensa al secretario Hegseth se le preguntó al respecto, pero evadió responder.

El memorándum de entendimiento firmado generó cuestionamientos en Panamá tras una reunión de Hegseth con el presidente Trump.

En medio de la controversia, el presidente Mulino viajó a Perú. En Panamá, diversas voces reclamaban al gobierno exigir a Estados Unidos respetar la soberanía.

Esto no acabo ahí. En abril también se conoció la renuncia del vicecanciller Carlos Ruiz Hernández quien había sido actor importante en las negociaciones con Estados Unidos. Llegó el nuevo embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera y dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil, firmaron una declaración en rechazo al memorándum de entendimiento.

Cuando se pensó que lo más tenso había quedado atrás, el 16 de junio se conoció la revocatoria de visas al expresidente Martín Torrijos y al excandidato presidencial Ricardo Lombana, ambos firmantes de la declaratoria.

Además, una tercera visita de alto perfil. Esta vez, de la secretaria de Defensa Nacional Kristi Noem, aunque esta se enfocó en migración, tema que veremos más adelante.

Puertos en la mira

Paralelo a esa situación con Estados Unidos, en Panamá la Contraloría General de la República anunció una auditoría a Panama Ports, compañía que opera los puertos de Balboa y Cristóbal desde hace más de 20 años, acusándola de incumplimientos y presunta corrupción.

En medio de este escenario, un consorcio liderado por el gigante estadounidense BlackRock anunció su intención de comprar Hutchison Ports, conglomerado del que forma parte Panama Ports Company.

Aunque la adquisición incluiría otros 41 puertos en el mundo, en Panamá el movimiento encendió alarmas.

El presidente cuestionó públicamente la operación, insinuando posibles conflictos de interés y recordando que no se puede vender lo que no está en regla.

El contralor informó que la auditoría a Panama Ports ya fue remitida al Ministerio Público.

Con respecto a la posible compra de la concesión de los puertos, esta quedó en pausa tras el anuncio del gobierno de China de que revisaría el proceso de venta anunciado por la hongkonesa Hutchison Ports.

Martinelli

Desde antes de tomar posesión, una de las grandes preguntas alrededor del gobierno Mulino era: ¿Qué pasaría con el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua desde febrero de 2024 tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business?

En una de las primeras declaraciones de Mulino como presidente, hizo referencia a la amistad que compartía con el expresidente Ricardo Martinelli, afirmando que: "Ricardo es mi amigo, lo que en derecho yo pueda hacer, lo voy a hacer".

Sin embargo, en agosto surgieron intentos por parte de la Asamblea de aprobar una ley de amnistía, pero el presidente marcó distancia.

"Esa ley de amnistía yo no la conozco. Ayer llevó a mis manos por primera vez el burlador. Eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación, ni nada que se parezca", fueron las palabras de Mulino.

Ninguno de los proyectos prosperó en la Asamblea, aunque el 27 de marzo surgió una alternativa. El canciller Javier Martínez Acha anunció un salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua.

"He concedido a partir de hoy, marzo 27 de este año, y tiene un plazo de vigencia improbable que termina a la medianoche del 31 de marzo de este año", dijo Martínez Acha en conferencia de prensa.

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Sin embargo, con el paso de los días, la salida se veía más lejana. La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, mostró resistencia luego que se conociera que Panamá tramitaba una alerta roja de Interpol para Martínelli.

Rosario, señaló: "No podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada".

A pesar de una exención de tres días al plazo dado por Cancillería, se mantuvo la negativa del gobierno nicaragüense de recibir al expresidente. "Hasta este momento, que yo sepa, no hay decisión de Nicaragua de aceptar. Si no, ese avión no puede despegar a Panamá", indicó el mandatario Mulino.

Sorpresivamente, un mes después, el 10 de mayo el salvoconducto llegó, pero no hacia Nicaragua, sino de Colombia quien lo recibió como asilado político.

A pocas horas de su llegada a Bogotá, Martinelli fue visto con el embajador Mario Boyd Galindo, lo que generó cuestionamientos.

En su conferencia semanal, al ser cuestionado sobre esta situación, expresó: "Fue un error garrafal y le dije, Mario, tú no eres la nana ni el nano de Martinelli en Colombia y te quiero lejos de ahí".

A la fecha, el expresidente permanece en Colombia. "Gozando la vida", como él mismo dijo en un video que hizo desde su yate.

Soluciones viales

En los primeros meses de la administración Mulino, se entregaron importantes obras viales iniciadas en gobiernos anteriores, como la carretera Presidente Roberto F. Chiari, conocida como la Ocho Carriles, y la primera fase del corredor de las playas en La Pesa de La Chorrera.

Con respecto a las obras en marcha, el cuarto puente sobre el Canal, iniciado en la Administración Varela, alcanzó en el mes de junio un 21% de avance.

El ministro de Obras Públicas presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunto sobrecosto debido al cambio de diseño del puente durante la administración Cortizo, lo que causó que la Línea 3 del metro requiriera un túnel por debajo del canal.

Se espera que el cuarto puente esté listo en agosto de 2028. Por su parte, la Línea 3 del metro también dio pasos importantes.

Del 18 de septiembre a la fecha, el túnel de la línea 3 ha alcanzado un 32%, mientras que el tramo elevado tiene un 77% de avance. Este último podría ser entregado en 2027.

En su momento, Mulino indicó que "se está haciendo un gran esfuerzo, créanme, para terminar esta obra lo antes posible".

Hay otras obras que fueron promesas de campaña. Una de ellas es el teleférico de San Miguelito, que permitirá a sectores importantes de la población de ese distrito conectarse con la línea 2 del metro. Al menos dos consorcios internacionales han precalificado para la licitación, que aún no inicia.

"Independientemente de quién gane la oferta, tendremos empresas seguras tratando de hacer el teleférico dentro del tiempo estimado, que serán unos 24 meses, más o menos", dijo Mulino.

Pero otra megaobra se dislumbra en el horizonte, el ferrocarril.

La obra insignia de mi gobierno será el tren David-Panamá", expresó Mulino.

El gobierno creó la Secretaría del Ferrocarril y en diciembre se contrató una empresa estadounidense para actualizar el plan maestro. El 5 de mayo se anunció la ruta que contará con 14 estaciones desde Albuquerque hasta Paso Canoas-Frontera. Esa obra, cuyos costos totales aún no se conocen, deberá iniciar con una primera fase entre Panamá-Pacífico y Divisa, y se espera que los trabajos de movimiento de tierra inician en 2026.

Migración

El primer tema que abordó el presidente Mulino una vez asumió la presidencia fue la migración ilegal a través de la selva de Darién.

"La frontera de los Estados Unidos no es Texas, es Darien, ahí en Lajas Blanca", expresó.

Con frases como esa, la Administración Mulino estableció su política migratoria, incluso firmando el mismo día de la toma de posesión un memorándum de entendimiento con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, para financiar repatriaciones masivas.

Ese mismo mes, una tragedia sacudió al país. Diez migrantes murieron arrastrados por un río en Darien, y la crisis escaló con los resultados de las elecciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro se adjudicó una victoria sin mostrar actas.

"Y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas, hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas", dijo Mulino sobre las elecciones venezolanas, a lo que Maduro respondió "Presidente Panamá, trataré de aprenderme su nombre, pero quien se mete con Venezuela se seca".

La elección de Donald Trump y el endurecimiento de su política migratoria con el cierre de la frontera con México cambió la dinámica.

En febrero, medios internacionales reportaron la presencia de 299 migrantes que pedían ayuda desde las ventanas de un hotel en Ciudad de Panamá. Esos llegaron en tres vuelos de deportación desde Estados Unidos, utilizando a Panamá como puente.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reaccionó a los cuestionamientos: "Custodia suena feo, suena que están detenidos y están bajo nuestra protección. La postura nuestra en la repatriación a sus países de origen es tal como está establecido en el preacuerdo que se tuvo con Estados Unidos".

Al mes de junio, 49 de esos migrantes permanecían en Panamá, debido al riesgo de regresar a sus países de origen como Somalia, Irán y Afganistán, y se les extendió por seis meses el permiso humanitario.

La cifra de pasos de migrantes por la selva de Darien ha disminuido a tal punto que el 24 de abril, Mulino no dudó en declarar.

"Para nosotros Darien está cerrado", afirmó Mulino. Y en mayo cerraron la estación de Lajas Blancas en Darien.

Apagones eléctricos

Los constantes apagones eléctricos son una frustración para gran parte de la población. En el mes de julio, el gobierno aplicó históricas multas por más de 21.000 millones de dólares contra las empresas de distribución eléctrica por deficiencias en el servicio.

"Que no estamos bromeando. No se va a dejar pasar el tema del servicio energético, como ha venido sucediendo, que ni las multas pagan", dijo Mulino.

Sin embargo, los apagones no se detuvieron, y en varias ocasiones causaron también falta de agua. Cerca de la medianoche del 15 de marzo, un apagón nacional dejó sin energía al país por más de dos horas.

Lo que causó el apagón fue un incendio y posiblemente la explosión, un transformador de la termoeléctrica Panam ubicada en La Chorrera. El gobierno anunció una investigación.

"Nadie va a cerrar ninguna planta aquí. Si esa planta se puede arreglar, como me dijeron ayer que se puede arreglar, pues tendrá que volverse a calibrar, a hacer los ajustes que correspondan", expresó Mulino.

Con respecto a planes futuros, la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia avanza en su planificación y podría iniciar trabajos a finales de 2026.

Falta de medicamentos

La falta de medicamentos en el sector público, sumada a su alto costo en las farmacias privadas, ha sido un reclamo de vieja data entre los pacientes.

Las denuncias de pacientes que tienen que seguir comprando medicamentos no se hacen esperar.

Entre otras medidas, este febrero, el gobierno anunció un plan de reestructuración. Este febrero, el gobierno inició un programa de descuentos de hasta el 95% del valor comercial de los medicamentos en las farmacias del Minsa, previa presentación de receta.

Los descuentos van desde 52% al 95%" — José Raúl Mulino - presidente

Para mediados de junio, la medida abarcaba 140 medicamentos más utilizados por los panameños. Sin embargo, continúan los reclamos de pacientes por el desabastecimiento en la caja de seguro social y la calidad de la atención médica.

Con respecto a instalaciones médicas, en abril se realizó el traslado parcial de atenciones del oncológico al hospital de cancerología en la Ciudad de la Salud.

Y en junio, igualmente, se completó la mudanza del hospital de especialidades pediátricas. En junio, también se inauguró el hospital Manuel Amador Guerrero en Colón.

Crisis del agua en Azuero

Pero en medio de estas acciones, el sistema de salud fue puesto a prueba con una crisis sanitaria grave. Desde finales de mayo, Azuero enfrenta una de sus peores crisis hídricas en años por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná. El agua no puede ser utilizada para beber, o sea, no es apta para el consumo humano.

La situación obligó al cierre de las plantas potabilizadoras, dejando a la población sin agua potable y dependiente de cisternas, pozos improvisados y agua embotellada. El 6 de junio, las autoridades claustraron al menos varias porquerizas y 11 actividades que contaminaban el río.

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"Se documentó la operación de granjas porcinas con lagunas de oxidación saturadas, permitiendo el vertido de excrementos y residuos líquidos sin tratamiento a las aguas de estos dos ríos. Eso es criminal", expresó Mulino en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que la contaminación con vertederos abiertos, hasta cementerios. Hay contaminación hasta con restos humanos".

El 9 de junio, el agua ya no alcanzaba ni para las escuelas, por lo que el Ministerio de Educación suspendió clases en cuatro distritos.

Días después, se declaró estado de emergencia en Herrera y Los Santos. El Ministerio de Ambiente en la provincia de Los Santos ordenó el cierre inmediato del vertedero de Macaracas.

Para el 17 de junio, las potabilizadoras cesaban al 100% y las autoridades avalaron el uso de esta agua para actividades distintas al consumo humano, aunque la crisis tardará aún en resolverse.

Bocas del Toro

El 6 de noviembre el ministro de Salud, en representación del Ejecutivo, presentó el proyecto de reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social el 6 de noviembre. A mediados de mes la Asamblea inició un periodo de consultas y en diciembre se extendió al interior del país; sin embargo, luego de modificaciones, choques de opiniones y diversos grupos que pedían el retorno al sistema solidario, el proyecto fue aprobado el 7 de febrero de este año.

Días después empezarían los primeros enfrentamientos entre obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Policía Nacional, el escenario fue el proyecto en construcción del Hospital del Niño, con más de un centenar de aprehendidos, heridos y un policía que quedó en estado de gravedad.

Mulino haría sus advertencias: “Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley, y un gobierno dispuesto a no tolerar la anarquía pseudosindicalista en este país; que lo tenga bien claro Saúl Méndez"

El debate en la Asamblea continuó y a mediados de marzo, el proyecto fue aprobado con el apoyo de varios diputados de la oposición, luego de cuatro meses de consultas.

“Agradezco a los diputados que apoyaron el proyecto de ley, y a los que no, pues no se les agradece nada”, fueron las declaraciones del presidente.

El 18 de marzo fue sancionada la nueva Ley 462. Pero la polémica no culminó ahí. El 23 de abril inició un paro docente al que se sumaron el Suntracs y otros gremios.

Cinco días después, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) en Bocas del Toro se sumó a la paralización, reclamando que la ley aprobada no tomaba en cuenta derechos adquiridos del sector bananero mediante una ley de 2017, la Ley 45.

En medio de bloqueos de vías, una delegación del gobierno acudió a la provincia para negociar con los trabajadores bananeros y pedir el regreso a sus labores.

Pero el cierre de operaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá era inminente, el 12 de mayo se anunció el cierre de varias fincas. Luego, el 16 de mayo un juzgado laboral decretó ilegal la huelga y 6 días después, la empresa comenzó a liquidar al personal. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, a cargo de las negociaciones hizo las advertencias “Ya es una realidad. Ya la huelga fue declarada ilegal. Ya nos avisaron al ministerio del abandono. Hacemos un llamado muy responsable a regresar a sus puestos de trabajo”.

Mientras tanto, en la capital, aumentaba la tensión entre el gobierno y el Suntracs.

En medio de la crisis, el 21 de mayo, el dirigente sindical Saúl Méndez solicitó asilo en la Embajada de Bolivia horas antes de que se emitiera una orden de captura contra él, Genaro López y otros nueve miembros de Suntracs acusados de estafa agravada.

Así como entró y pidió asilo deberá el gobierno de Bolivia decidir si lo da

Al día siguiente, Genaro López se entregó en una Fiscalía. Luego de estas detenciones, se retomaron labores en las obras de construcción, aunque las movilizaciones de los obreros continuaron.

Ya para el mes de junio, se reportaban cierres y enfrentamientos en la comunidad indígena de Arimae, provincia de Darién. Mientras continuaban los bloqueos en Bocas del Toro.

En la Asamblea se daban los inicios de un acercamiento para dar fin a la huelga bananera. El 11 de junio Sitraibana firmó un acuerdo para abrir las calles de la provincia a cambio de que se aprobara una ley reestableciendo sus beneficios, la cual el Ejecutivo ya había propuesto semanas antes.

Pero, a pesar de que la ley fue aprobada, los cierres continuaron por parte de otros sectores y grupos indígenas que no reconocían el acuerdo.

El gobierno respondió con la operación Omega para reabrir las vías; mientras, el Ministerio Público ordenaba la detención del dirigente Francisco Smith por la presunta comisión de apología del delito y otros hechos cuya investigación iniciaba gracias a una denuncia ciudadana presentada con los dirigentes sindicales.

La situación empeoró en Bocas del Toro hasta culminar en actos de vandalismo y saqueos contra el aeropuerto de Changuinola, el estadio Calvin Byron y otras entidades públicas y comercios, y vehículos quemados. Mientras, seguían cierres y enfrentamientos en Darién.

Y continuaban los bloqueos en Bocas del Toro. Ante esto, el 20 de junio, el gobierno declaró estado de urgencia y suspendió garantías constitucionales en la provincia para reestablecer el control, asegurando que pandillas estaban detrás de la destrucción

A la fecha más de 300 personas han sido detenidas y la provincia intenta recuperarse.

Pero en medio de esta crisis, hay un gran perdedor, por más de dos meses, el paro docente en rechazo a las reformas a la Caja de Seguro Social ha mantenido a miles de estudiantes fuera de sus aulas de clases.

El dirigente docente, Diógenes Sánchez responsabilizaba a Mulino “El presidente no entiende que estamos muy afectados con esa ley”, mientras el presidente en sus acostumbradas conferencias de los jueves también los señalaba “Se tiraron el primer trimestre. Eso no tiene nombre”.

Tras múltiples llamados a que retomaran las clases, el gobierno, a través del contralor general de la República, Anel “Bolo Flores” anunció la suspensión de salarios a los docentes en paro, con el espaldarazo de Mulino “Los días que no han trabajado no se les van a pagar. El que quiere huelga, que la pague de su bolsillo”.

A mediados de junio hubo acercamientos entre dirigentes y asesores del gobierno con mediación de la Iglesia católica, pero no hubo acuerdos. "La solución la tiene el presidente; el presidente puede suspender esta ley para realmente revisarla integralmente" advertía Diógenes Sánchez. Pero la posición del presidente seguía siendo la misma “No importa los esfuerzos que quieran hacer a través de la Asamblea. No la voy a sancionar. Hagan lo que quieran hacer”.

El paso para el retorno a clases ya tenía fecha, el gobierno dio hasta el lunes 23 de junio, cuando daba inicio el segundo trimestre. Lucy Molinar advirtió que “docente que no vaya será reemplazado”; sin embargo, los gremios mantuvieron su postura. El día siguiente, el gabinete estableció mediante decreto un procedimiento excepcional para contratar docentes de forma temporal, que a su vez fue demandado por los gremios.

El paro docente continúa, quedando en el medio el futuro de miles de estudiantes del sector público.