Exprocuradora Gómez lanza dardos al Ejecutivo, al contralor y al manejo del presupuesto 2026

Panamá/La exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez calificó como una imprudencia política la solicitud del presidente José Raúl Mulino al procurador para retirar su proyecto anticorrupción, cuestionó la resolución del contralor Anel Flores por “exceder sus facultades constitucionales”, y expresó su esperanza de que el ministro Felipe Chapman haga un reajuste al presupuesto general de 2026 para responder a las demandas ciudadanas.

El presidente de la República puede gustarle o no. Lo que no es saludable para la democracia es que él plantee públicamente que a él no le gusta y que le diga al procurador que lo retire. Eso es una imprudencia, porque si el procurador hubiera considerado retirar su proyecto por razones técnicas, ahora parecería que está obedeciendo una instrucción del presidente. Ese paso, políticamente, es totalmente imprudente”, afirmó.

Gómez advirtió que el mandatario debe ser más cuidadoso al opinar sobre temas institucionales. “El presidente habrá cosas que no le gustan, pero nosotros no podemos vivir nada más con lo que a él le gusta. A nadie sensato en este país le gusta que se remodele una villa diplomática por 7.1 millones de dólares. La gente quiere que arreglen los elevadores de los hospitales, que tapen los huecos del Chicho Fábrega que se está inundando. No se puede funcionar solamente con lo que le gusta al presidente”, enfatizó.

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Resolución de Contraloría sobre secuestro de bienes: 'Excede facultades'

La exprocuradora también cuestionó la reciente resolución del contralor general, Anel Flores, señalando que excede sus facultades.

Si al presidente no le gusta el proyecto de ley del procurador, me pregunto si a él sí le gusta la resolución que se acaba de tirar el contralor general, ya publicada en Gaceta, que excede totalmente sus facultades constitucionales y legales, porque él mismo se faculta para ser juez y parte en un tema que necesita control jurisdiccional como ordenar el secuestro de bienes o patrimonio”, indicó.

A juicio de Gómez, existe una clara contradicción entre ambas posturas. “¿Cómo le vas a restar herramientas de investigación a un procurador y, al mismo tiempo, permitir que el contralor se dé poderes para secuestrar bienes sin control judicial?”, cuestionó, agregando que “el secuestro necesita control previo, y lo más grave es que lo está dictando por tiempo indefinido, porque su reglamento no tiene límites temporales”.

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Sustentó su posición en fallos de la Corte Suprema de Justicia que respaldan la validez de las auditorías internas en casos de corrupción. “Tengo dos fallos aquí: uno del Meduca y otro del Seguro Social. En ambos, la Corte ha dicho que, aunque no exista informe de Contraloría, los informes de auditoría interna tienen plena validez probatoria. En el fallo del 19 de febrero de 2021, la Sala Penal determinó que esos informes son válidos y suficientes para sustentar un caso”, detalló.

Añadió que no existe ninguna norma constitucional que obligue al Ministerio Público a depender de informes de la Contraloría.

El contralor no es abogado, pero recibió un pésimo asesoramiento, porque no hay ninguna norma que diga que su informe es requisito indispensable para iniciar una investigación. Son criterios jurisprudenciales que se aplican solo cuando conviene”, sostuvo.

Para Gómez, las declaraciones del presidente representan una injerencia inapropiada en el trabajo del Ministerio Público. “Es una injerencia indebida. El presidente está preocupado por fiscales teledirigidos, pero ¿Quién está teledirigido en realidad? Es más fácil teledirigir un gobierno que a un fiscal”, afirmó.

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'Cabe perfectamente una demanda de inconstitucionalidad o nulidad'

Cuestionó también la falta de control sobre el actuar del contralor, recordando que sus medidas “no son revisadas por ningún juez”, a diferencia de las investigaciones del Ministerio Público.

El contralor no puede secuestrar bienes sin control jurisdiccional, y menos de manera indefinida. Eso es inconstitucional. Cabe perfectamente una demanda de inconstitucionalidad o nulidad, porque excede su competencia y viola la tutela constitucional de la propiedad privada”, advirtió.

La exprocuradora instó al procurador Luis Gómez a seguir adelante con su proyecto de ley anticorrupción. “Debe seguir adelante con lo que tiene. No puede ir corriendo a hacer lo que el presidente acaba de decir. El proyecto ya no le pertenece, está en la Asamblea Nacional. Que sean los diputados los que decidan si le dan curso o no, y sabremos a qué atenernos”, explicó.

Añadió que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo son los que deben responder por la falta de avances en materia anticorrupción. “La efectividad hay que reclamársela al Ejecutivo y al Legislativo, no al Ministerio Público. La Asamblea no está escuchando a la gente, y las expectativas ciudadanas se están administrando muy mal”, señaló.

Presupuesto 2026: 'reajuste que responda a las prioridades ciudadanas'

En cuanto al presupuesto general del Estado 2026, Gómez dijo esperar un reajuste que responda a las prioridades ciudadanas. “Ojalá que el presupuesto haya escuchado las demandas sobre salud y educación. No se puede decir que no hay plata para el oncológico en un país donde la prevalencia del cáncer es tan alta, mientras se remodela una villa diplomática por decisión presidencial. Ojalá el ministro Chapman redistribuya, porque la población está al punto del no retorno y de una explosión social”, advirtió.