Asamblea Nacional: cierre de oficinas de Participación Ciudadana en el interior será a partir del 2 de enero

Panamá/En medio de cuestionamientos ciudadanos por el uso ineficiente de fondos públicos, denuncias sobre baja productividad y advertencias de la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional inició el proceso para cerrar las oficinas de Participación Ciudadana en el interior del país, una medida que se hará efectiva a partir del 2 de enero de 2026, pero que ya genera inquietud y quejas entre los funcionarios.

El cierre está contenido en la Resolución N.°150 del 1 de diciembre de 2025, que ordena modificar la estructura organizativa del Órgano Legislativo y eliminar las oficinas regionales ubicadas en Herrera, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Bocas del Toro, adscritas a la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana.

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Aunque la resolución fija como fecha oficial el 2 de enero, el proceso ya comenzó con inventarios, notificaciones internas y gestiones administrativas, situación que ha provocado incertidumbre laboral, según denuncian los colaboradores.

En su momento, la apertura de las Oficinas Regionales de Participación Ciudadana de la Asamblea fue blanco de críticas, debido a que eran utilizadas por diputados de esas provincias para realizar nombramientos a cambio de favores políticos.

Las razones del cierre: Baja productividad y sin impacto ciudadano

Este medio tuvo acceso a un informe elaborado por la Asamblea Nacional, en el que se detallan algunas de las razones que sustentan el cierre de las Oficinas de Participación Ciudadana en el interior del país.

El documento destaca, por ejemplo, un “bajo o nulo nivel de productividad institucional”, al señalar que “se identifican Oficinas de Participación Ciudadana en el interior del país con escasa o inexistente productividad, sin que exista evidencia objetiva que justifique su permanencia ni su impacto positivo en la gestión legislativa o en la atención efectiva a la ciudadanía, en relación con los recursos públicos que consumen de manera recurrente”.

Asimismo, el informe advierte una ausencia de evidencia de impacto institucional y ciudadano. “No se presentan informes técnicos, métricas de atención ciudadana, resultados de gestión ni evaluaciones de desempeño que demuestren que dichas oficinas contribuyen de manera efectiva al fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia o la mejora del servicio legislativo en las provincias”, señala el documento.

Además de plantear el posibles incumplimientos de funciones y responsabilidades administrativas, al señalar que se "identifican posibles casos de incumplimiento de funciones, omisiones en el ejercicio del cargo y deficiencias en la supervisión, que podrían configurar causales de destitución, conforme a la normativa vigente en materia de Carrera Legislativa y responsabilidad de los servidores públicos".

El cierre de estas oficinas no ocurre de forma aislada. En agosto pasado, la Asamblea Nacional anunció una revisión completa y exhaustiva del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el país, tras denuncias sobre un posible uso ineficiente de fondos públicos.

Precisamente, el proceso de evaluación comenzó con la sede ubicada en la provincia de Veraguas, donde ahora se materializa el cierre administrativo.

Funcionarios de Veraguas elevan reclamo a Recursos Humanos

En la provincia de Veraguas, por ejemplo, funcionarios enviaron una carta a Leidis González encargada, desde el quinquenio pasado de coordinar esas oficinas de la Asamblea Nacional nacional, solicitando claridad formal sobre el cierre y sus implicaciones laborales, de acuerdo con información que obtuvo este medio.

En la misiva, fechada el 12 de diciembre de 2025, los colaboradores reclaman que cualquier información relacionada con el cierre sea comunicada “por escrito, de forma oficial y con el debido sustento administrativo”, ante la falta de precisiones sobre el proceso.

Los trabajadores advierten que decisiones de esta naturaleza generan “incertidumbre laboral y afectaciones psicosociales”, las cuales —según expresan— “impactan directamente el desempeño, la estabilidad emocional y el bienestar integral de cada uno de nosotros”.

También afirman que, ante cualquier acción administrativa que incida en los derechos laborales y la estabilidad funcional, resulta indispensable que la información sea “comunicada de manera clara, oportuna y formal, permitiendo que el personal pueda expresar su posición de forma informada, sin que medie desconocimiento o indefensión administrativa”.

De acuerdo con fuentes legislativas, esta Oficina en Veraguas eran un bastión utilizados por el actual diputado Marcos Castillo, la exdiputado y hoy subsecretaria del Legislativo, Fátima Agrazal, entre otros.

Contraloría respalda ajustes

Solo el mes pasado, el contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que, en coordinación con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se evaluaban medidas de ajuste para el cierre del año 2025, incluyendo la desactivación de oficinas de participación ciudadana en las provincias.

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“Hemos estado conversando con el presidente de la Asamblea sobre las medidas que se van a tomar en el cierre de las oficinas de participación ciudadana a nivel de provincias, porque encontramos que hay mucha gente nombrada y muy poca gente trabajando”, señaló Flores.

De acuerdo con el contralor, la decisión responde a una auditoría interna que detectó una discrepancia significativa entre el número de empleados inscritos y la productividad real en estas dependencias regionales.