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Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aclaró este lunes que la joven indígena que habría sido víctima de explotación laboral y presuntamente abandonada en la ciudad capital no es menor de edad.
No es menor de edad, es mayor de edad. Cumplió 18 años en el mes de marzo”, precisó Muñoz al ser consultada sobre el caso.
En ese sentido, anunció que un equipo de la Dirección General de Trabajo y de Inspección se trasladó a ubicar a la muchacha, ya que al momento de ser abordada no aportó mayores datos sobre quién era su empleador.
Nosotros, como Ministerio de Trabajo, vamos a ir hasta las últimas consecuencias buscando quién era, dónde es y, por supuesto, en compañía de la Policía haremos lo propio para que a esta muchacha se le haga justicia. Es buscar de dónde sale o quién se dedica a traer a estos jóvenes o a estas muchachas con la ilusión de conseguir un empleo y darle seguimiento”, afirmó la ministra.
La joven es originaria de la comarca Ngäbe-Buglé, aunque las autoridades señalaron que por el momento no revelarán mayores detalles sobre el lugar en que presuntamente laboraba. Lo que buscan es determinar si, en efecto, se cometió contra ella el delito de explotación laboral.
El Mitradel advirtió que, de comprobarse estas condiciones, el caso será remitido al Ministerio Público. La institución reiteró que ya se mantiene abierta una investigación en curso y que se dará seguimiento hasta esclarecer los hechos.
La ministra no descartó que la joven pueda haber sido víctima de otros delitos.
Lo importante es que en este momento ella pueda seguir rindiendo su declaración y saber si, por ejemplo, pudo haber sido víctima de algún tipo de delito como explotación sexual u otro tipo de delito que pudiera haber vulnerado su intimidad”, indicó.
Entre las dificultades para avanzar en la investigación se encuentra el hecho de que la joven tiene limitaciones para comunicarse, ya que utiliza principalmente su lengua materna.
Muñoz subrayó que este no sería el primer caso de esta naturaleza y reconoció que “desafortunadamente deriva en conductas totalmente delictivas”, lo que obliga a un análisis profundo y a reforzar los mecanismos de protección a los trabajadores más vulnerables.
Con información de Elizabeth González