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Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo de Panamá hizo un llamado a los estamentos de seguridad debido a la situación en la que se encuentran las personas aprehendidas durante el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro para que "se resuelvan los hábeas corpus de los aprehendidos por los disturbios y el estado de urgencia; es responsabilidad del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad regresarlos a la provincia de Bocas del Toro".
Y es que, de acuerdo con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la operación Omega para restablecer el libre tránsito, se detuvo a 374 personas que fueron puestas a órdenes del Ministerio Público. “Hoy puedo decirle que menos de 300 quedan todavía pendientes a una audiencia de un juez de garantía que determine si existen las causas para mantener esto”, explicó.
Mientras que a otras 79 personas fueron puestas a órdenes de jueces de paz y, según detalló Ábrego, a otro grupo se le ha impuesto una medida cautelar contraria a la detención preventiva.
"Los oficiales de derechos humanos de la regional de Coclé constataron la liberación de las personas aprehendidas, sin embargo, han quedado fuera de su domicilio, sin documentos, sin dinero e incomunicados, lo cual vulnera sus derechos humanos", informó la Defensoría del Pueblo.
Ábrego también detalló que, al igual que otras cárceles del país, la cárcel de Deborah, en Bocas del Toro, mantiene una sobrepoblación, ya que inicialmente se había diseñado para 300 personas, pero en la actualidad hay más de 900 personas detenidas en ese lugar.