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Seis personas, entre ellas dos adolescentes, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con actividades de extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el sector conocido como Corredor de Los Pobres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.
La acción fue desarrollada por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiente), con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó luego de recibir información que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la minería ilegal en el área. Esta actividad estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada Río María Prieto y la degradación del suelo.
Como resultado del operativo, fueron aprehendidos cuatro adultos y dos adolescentes. Conforme a los protocolos establecidos, los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
A todos los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.
Durante las diligencias, las autoridades decomisaron los implementos presuntamente utilizados para la extracción ilegal de oro: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.
Además, personal técnico de MiAmbiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.
Los aprehendidos fueron trasladados a la 14.ª Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales correspondientes.
El artículo 399 del Código Penal establece sanciones de tres a seis años de prisión para quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídricas.
Por su parte, la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.
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