Genaro López queda detenido por cuatro delitos, entre ellos estafa agravada y blanqueo de capitales
La decisión se tomó tras una audiencia de siete horas, celebrada este sábado. La audiencia de apelación se celebrará el 5 de junio de 2025.
Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías, Francisco Carpintero le imputó cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad de documentos al dirigente y miembro de la junta directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López.
El juez vinculó formalmente a López a la investigación y dio seis meses al Ministerio Público para que pruebe los hechos contra él, al tiempo que decretó como medida cautelar detención provisional.
La decisión se tomó tras una audiencia, de siete horas, en la que el Ministerio Público presentó múltiples pruebas documentales y testimoniales, que —según detalló la fiscal Isis Soto Espinosa— demuestran, de forma clara, la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, en esta audiencia la defensa de López señaló que la Fiscalía carece de elementos de convicción sustanciales, pues no se probó la falsificación de documentos y tampoco se estableció, a su juicio, la vinculación de su defendido en los cuatro delitos penales, así como la posible fuga de López, entre otros.
A pesar que la defensa aseguró que su cliente padece de hipertensión arterial y otras dolencias, el juez dijo que eso debe ser analizado por el Instituto de Medicina Legal. No obstante, la defensa anunció que apelaría la decisión del juez Carpintero. La audiencia de apelación se celebrará el 5 de junio de 2025.
Los planteamientos de la Fiscalía
El caso gira entorno al presunto desvío de fondos y propiedades destinados a 412 trabajadores de la empresa Pilar Construction, quienes participaron en una huelga declarada legal, y a quienes una sentencia judicial del 30 de agosto de 2011 les reconoció $7,042,764.37 en concepto de prestaciones y costas. Sin embargo, en marzo de 2022, se firmó un acuerdo extrajudicial entre Suntracs y la empresa, por tan solo $3 millones, a pagarse en efectivo o mediante la entrega de 14 fincas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro.
“La sentencia judicial del Ministerio de Trabajo reconoció un monto de $7,042,764.37 a favor de 412 trabajadores”, explicó la fiscal, “sin embargo, se hizo un acuerdo extrajudicial” por $3 millones con una entrega de fincas, lo que terminó perjudicando a los beneficiarios del fallo”.
La Fiscalía sostiene que hubo una triangulación de fondos entre el sindicato y la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., entidad que no contaba con productos financieros activos al momento de recibir la transferencia de los $3 millones desde la cuenta del sindicato. Ese mismo monto fue posteriormente retirado mediante cheque girado a nombre del propio Suntracs.
“Efectivamente, se hace un contrato de préstamo simulado, pues es el mismo Suntracs que provee los fondos a la cooperativa, para que luego sean retornados al Suntracs, para efectivamente pagarle a los trabajadores muy por debajo de lo que les correspondía”, enfatizó la fiscal Soto.
Además, durante la investigación se descubrió, explicó la Fiscalía, que la cooperativa otorgó un préstamo por $3 millones, excediendo el límite reglamentario de $2 millones y contraviniendo sus propios estatutos, que no contemplan los préstamos hipotecarios como una categoría autorizada. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) confirmó que la transacción carecía de lógica comercial, ya que “el sindicato contaba con los fondos suficientes para hacer el pago directo a los trabajadores, sin necesidad de un crédito”.
La fiscal relató que la cooperativa apenas tenía $201,156.78 antes de recibir los fondos, y que “se construyó una estructura financiera simulada, destinada a apropiarse de bienes que por derecho correspondían a los trabajadores”. Entre las irregularidades detectadas, se menciona el uso indebido de instrumentos financieros, falsedad documental y maniobras para evadir el cumplimiento efectivo de obligaciones judiciales.
Uno de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público fueron las 104 entrevistas a trabajadores del proyecto Red Frog, que participaron y que no participaron en dicha asamblea general en mayo de 2022. “Se utilizaron métodos intimidatorios para forzar la supuesta aprobación del acuerdo y se presentaron personas que no formaban parte del grupo de trabajadores beneficiarios”, explicó la fiscal Soto.
Unas 107 personas fueron formalizadas como querellantes en este proceso. En tanto, el abogado de los extrabajadores querellantes, Abel Fernández, señaló que “en la asamblea general que hizo el Suntracs, no se pasó lista ni de entrada ni de salida”. Además, dijo que no se les permitió la entrada a los abogados de algunos de los extrabajadores y cuestionó que en esa asamblea se haya avalado la hipoteca de las fincas, porque, para ello, se requiere el aval por poder escrito y por separado de cada trabajador.
“Estos elementos de prueba sustentan que existió una maniobra fraudulenta con la finalidad de engañar a los trabajadores, apropiarse de bienes destinados a ellos por mandato judicial y utilizar estructuras financieras falsas para simular pagos con fondos que ellos mismos transfirieron”, concluyó la fiscal Soto.
La Fiscalía aseguró que existen los elementos para que se declare la detención provisional de López, debido a que por tener un salió por encima de los $5mil, bien podría salir del país o alojarse en una embajada. Además, dijo que tiene acceso a la documentación del Suntracs.
En su momento, el Ministerio Público anunció, en su momento, que la causa penal también involucra a otros dirigentes, incluido Saúl Méndez, quien actualmente se encuentra en la embajada de Bolivia a la espera de la aprobación de un asilo político. También a Erasmo Cerrud , contra quien también se le giró una orden de captura. De hecho, estas figuras, de acuerdo a la Fiscalía, fueron señalados por los extrabajadores que estaban presentes el día de la asamblea general que hizo el Suntracs.
Durante la audiencia, el juez también declaró legal la aprehensión de Genaro López, argumentando que “por el momento, el tribunal considera que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 235 y, por tanto, decreta legal la aprehensión del ciudadano Genaro López Rodríguez”. Esto, luego de que la Fiscalía sustentara que el dirigente no se presentó voluntariamente ante las autoridades, sino que fue detenido en cumplimiento de una orden de captura vigente.
Defensa de López
Por su parte, la defensa legal de López, encabezada por los abogados Rolando Rodríguez y César Ruiloba, rechazó la aprehensión y las imputaciones. Ruiloba calificó la detención como innecesaria e inconstitucional. Alegó que no se precisaron las conductas específicas atribuidas a López y que este compareció voluntariamente el 22 de mayo de 2025, lo que eliminaba cualquier justificación para una aprehensión.
“La medida cautelar pierde sustento cuando mi defendido se presenta voluntariamente”, afirmó Ruiloba. “No hubo intento de evasión. No hay una sola prueba en el expediente que diga que Genaro López rehusó comparecer”. También denunció que, pese a la comparecencia, no se optó por notificación o citación conforme al artículo 152, sino que se mantuvo la detención, lo que consideró una violación al debido proceso.
Igualmente, consideraron que no hay delitos de estafa ni blanqueo de capitales. El abogado Rolando Rodríguez aseguró que había “intereses difusos”, pues la Fiscalía nunca dejó claro en qué delitos participó su cliente. Además, trajeron a colación un error en la numeración de la carpeta. El abogado Rodríguez aseguró que el Ministerio Público “no trajo un caso robustecido”, sino “frágil”. “¿Dónde está la vinculación? (…)”. "Pedimos que se tenga por no presentada la imputación contra Genaro López, ya que no se han completado ni demostrado los elementos que la sustenten; no se ha presentado ninguna vinculación ni nexo causal con ninguno de los tipos penales que se le han mencionado", dijo.
Mientras que el abogado Javier Quintero indicó que la Fiscalía en ningún momento expuso qué documento dentro del proceso era falso, además indicó que no se le puede imponer detención a una persona de 70 años. Este además dijo que la hipótesis de la Fiscalía carece de sustento. Señaló que la resolución del Ipacoop fue impugnada y adolece de alguna veracidad. Cuestionó las declaraciones de la fiscal señalando que puede ir a una embajada como Saúl Méndez, pues aseguró que es una "especulación". Insistió en que la medida solicitad por la Fiscal no tiene sustento. Recordó que no se declarará detención provisional, a una persona que haya cumplido los 70 años de edad. "Informó que el señor Genaro López padece de hipertensión arterial, desde el 2021 (...)". Propuso que su defendido compareciera todos los 15 y 30 de cada mes, la entrega del pasaporte de López, y la prohibición de concurrir a la cooperativa y a las oficinas del Suntracs. O , mantenerse en su propio domicilio ubicado en Altos de la Pulida, San Miguelito.
Habla Genaro López
Cinco minutos le fueron dados al imputado para que diese su opinión sobre el proceso. Con voz entrecortada López aseguró que se trata de persecución para acallar al sindicato. La demanda de imputabilidad, sale a favor de los trabajadores y tenía que hasta la Corte Suprema de Justicia, y por eso se planteó una negociación con la empresa, no por lo que planteó el fallo, sino por $3millones es que se le debe juzgar. Aseguró que hay abogados que han vendido la idea de que esos terrenos vales $28 millones. "¿Qué empresa va a dar 28 millones?". Declaró que él estaba en la asamblea genera. "Los trabajadores pueden estar claro: Fue por $3millones , nosotros no le hemos robado (...).
Finalizó señalando que "yo no tengo por qué temer de nada, por eso me presenté a la Fiscalía, yo quería hacerlo el mismo día, pero tenía que consultar con los abogados".
El jueves, a las 2:00 p.m., Genaro López de 70 años de edad y tras mantener una orden de captura, se presentó en la Fiscalía para conocer los cargos, pero fue detenido inmediatamente por existir una orden de captura. Más tarde, fue trasladado a la DIJ.
Los delitos imputados al dirigentes superarían como mínimo 20 años de prisión, dijo la Fiscal.