Repetición: Jelou!
En vivo
Ciudad de Panamá, Panamá/El Decreto Ejecutivo que declara la expropiación extraordinaria de 41 fincas ubicadas en Isla Margarita por motivo de "interés social urgente", en la provincia de Colón, concesionadas por Panamá a Colón Container Port, publicado este lunes en Gaceta Oficial, ha generado diversas reacciones.
Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, recordó que el puerto de isla Margarita es un área con una historia bastante larga. "En este momento, en que se busca atraer el interés de más inversiones portuarias en el Pacífico y el Atlántico, lo que está ocurriendo es que esto es un mensaje que entra en conflicto con la seguridad jurídica de los contratos ley", comentó.
El documento señala que el artículo 51 de la Constitución Política de la República establece que, en caso de interés social urgente, el Ejecutivo puede decretar la expropiación de la propiedad privada.
Según explicó la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, el Ejecutivo utilizó un mecanismo extraordinario; "no es el proceso ordinario de expropiación, sino que, a través del decreto ejecutivo, y dado que tiene facultad para ello, ha utilizado el mecanismo de expropiación extraordinaria urgente".
Ante esta medida, considera que lo que se impone es la transparencia para informar cuál es el desarrollo que el Estado planea llevar a cabo, que sea de interés social y tenga un impacto significativo para la comunidad y la sociedad.
A través del decreto, el Ejecutivo sustenta que la capacidad portuaria del país está al límite para atender la creciente demanda del comercio mundial, lo que hace imperativo que un proyecto como el de isla Margarita ya estuviese en operación. Se recuerda que los puertos son la base del hub logístico de las Américas.
"Los puertos manejaron 9.5 millones [de contenedores], de los cuales 8.5 millones son trasbordo, y casi 1 millón se movilizó por ferrocarril y la autopista Panamá y Colón. Se trata de una industria pujante, en crecimiento, con una fuerte demanda de dos puertos", agregó Troetsch.
Por ello, explicó la urgencia y la velocidad con que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está tratando de licitar los proyectos de Corozal y Telfers, mientras que Margarita también se considera prioritaria.
La medida autoriza además al Ministerio Público para que promueva el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial, a fin de establecer el monto de la indemnización que deberá pagar el Estado por esta expropiación.
"Ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho en varios pronunciamientos que este tema corresponde a los tribunales de justicia, en este caso a los juzgados civiles, que deberán determinar el monto de la indemnización, porque no han podido llevar a ningún acuerdo con las partes", indicó Gómez.
En abril de este año, el presidente José Raúl Mulino se refirió a la concesión de isla Margarita durante una de sus conferencias semanales. En ese momento, afirmó que su gobierno no impulsaría el proyecto, al considerarlo un contrato mal otorgado, moroso en los pagos de concesión, y que no contaba con el beneplácito de su administración. Añadió que sería convocada una nueva licitación internacional, como corresponde.
El fondo de mar y los terrenos expropiados serán destinados a la construcción de la terminal portuaria y el patio de contenedores, dentro de la estrategia de expansión del corredor logístico del Atlántico, que también incluye el desarrollo de infraestructura en isla Telfer, bajo la jurisdicción de la ACP.
TVN Noticias contactó al equipo de comunicaciones de la Autoridad Marítima para obtener su reacción, y al cierre de esta nota se comunicó que el administrador se encontraba en Presidencia coordinando cómo se manejará este tema.
Información de Yamy Rivas