El argumento del Segundo Tribunal para no otorgar la prórroga en el caso Odebrecht

Fiscal Zuleyka Moore.
Fiscal Especial anticorrupción, Zuleyka Moore, que lidera la investigación del caso Odebrecht. / TVN Noticias

La decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de negar un plazo adicional para continuar la investigación del caso Odebrecht, se fundamenta en que no hay certeza del tiempo que podría extenderse el proceso y tampoco la Fiscalía Especial Anticorrupción especificó, qué pruebas y diligencias quería realizar.

De acuerdo con el fallo del Segundo Tribunal, la mayor parte de la investigación se centró en las coimas pagadas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por lo que Fiscalía solicitó la prórroga para recabar información de personas naturales o jurídicas, transferencias y cuentas bancarias de personas que trabajaron en el gobierno en el periodo de 2006 a 2009, durante la presidencia de Martín Torrijos, y que están vinculadas a la empresa Odebrecht.

Es decir, que no pretendía investigar los contratos de Odebrecht durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Advirtieron que "extender la investigación para recopilar nuevas pruebas y establecer vinculaciones, tornaría ilimitada la fase de investigación, lo que se contrapone a al principio de la justicia en tiempo razonable y sin dilaciones o demoras".

Agregaron que se podría violentar el debido proceso al extender la investigación, porque uno de los imputados tiene detención preventiva, otros tienen medidas cautelares que restringen su libertad ambulatoria y también hay pendientes órdenes de captura y extradición.

La investigación del caso Odebrecht inició el 29 de septiembre de 2015, por lo que las pesquisas tienen más de 3 años y 8 meses y no se iniciaron en 2017 como dijo la fiscal Zuleyka Moore.

Y en ese sentido, advierten los magistrados que al tratarse de causas complejas, el plazo de investigación preparatoria es de un año y la prórroga de un año adicional.

Manifestaron que a pesar de la complejidad, por este mismo caso de corrupción y lavado de dinero, en países como Ecuador, Brasil, Perú y República Dominicana, la investigación ha avanzado a fase de juicio y hasta sentencia.

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