Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana deplora decisión de juezas en caso 'pinchazos'

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana deploró la decisión tomada por el Tribunal de Juicio de absolver al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de interceptación de las comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que constituyen violaciones a derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución.

A través de un comunicado, la fundación expresó que las justificaciones dadas por las juezas evidencian un limitado e inconveniente entendimiento de las responsabilidades de los funcionarios y la evaluación de las pruebas. "El propio enjuiciado suscribió múltiples acuerdos extrajudiciales con víctimas y hoy sirven condena por el mismo delito dos funcionarios de menor rango. Se suma este caso a la larga lista de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que encuentran cobija en la impunidad".

Agrega el comunicado que, "esta decisión afecta al país en múltiples niveles tanto a lo interno en la fibra misma de la democracia como internacionalmente, frente a índices que vienen midiendo la capacidad de nuestras instituciones de justicia como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project que califica nuestra justicia penal en 33/100 y nuestro Estado de Derecho en 52/100".

La fundación sostuvo que, ello incide directamente en la capacidad de lucha contra la corrupción como lo evidencia la Evaluación de la Corrupción 2020 en Latinoamérica del Vance Center que nos coloca en la penúltima posición y evalúa como baja (3.6/10) la capacidad institucional, incluyendo la judicatura. Todo ello se ve reflejado en la medición global del Índice de Percepciones de la Corrupción de Transparency International que calificó a Panamá en 2020 en 35/100, la calificación más baja en la última década.

Según esta organización, la poca capacidad de la justicia permea la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos que inciden en nuestras calificaciones internacionales de riesgo del país.

“Una cultura que ha tenido cómplices en el Ejecutivo y las propias entidades de administración de justicia, Órgano Judicial y Ministerio Público en sucesivas administraciones, y de la que también se aprovecha el Legislativo. Hoy, sin embargo, sella un desamparo casi completo del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley. ¿Por qué? Porque hoy la justicia da la espalda a la vulneración de las garantías fundamentales de los ciudadanos perpetradas por funcionarios, exactamente lo opuesto a su rol de control”, textualiza el documento.