'Un vestido cosido sin tomarnos la medida': Conductores de plataformas rechazan nueva regulación

Ciudad de Panamá, Panamá/La aprobación de un decreto que establece nuevas reglas para el servicio de taxi operado a través de aplicaciones ha desatado controversia en el sector transporte, en medio de cuestionamientos por la forma en que se adoptó la medida y el momento en que se hizo pública.

Omar Jaén, vocero de la Cooperativa de Transporte de Plataforma, aseguró que durante nueve años han solicitado una regulación, pero no bajo las condiciones en las que finalmente se concretó, señalando que el proceso no fue avalado por el sector.

De acuerdo con Jaén, la polémica surge en un contexto particular: mientras los conductores de plataformas realizaban gestiones para ser incluidos en el subsidio al combustible, días después se publicó en Gaceta Oficial el decreto que regula la actividad, sin que hubiese sido discutido con ellos.

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“Por primera vez se nos abre la puerta de la Autoridad de Tránsito”, indicó sobre el acercamiento con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), pero cuestionó el momento en que apareció la normativa. “Un decreto que estaba guardado surge cuando nosotros nos apersonamos a la ATTT. Y eso ha sido una coincidencia terrible”, afirmó.

El representante también denunció que el sector no fue incluido en la discusión formal del documento. Indicó que el 27 de septiembre de 2025 presentaron una solicitud para participar en el proceso, pero “hasta el día de hoy eso nunca sucedió”, reiterando que “no se había avalado nada”.

Jaén criticó además la forma en que se diseñó la normativa.

Ese decreto nos sorprendió el día que se publicó, fue un vestido cosido para nosotros, sin tomarnos la medida”, expresó, al considerar que la regulación no responde a la realidad del sector.

También cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida.

“En esa implementación se nos confunde a nosotros como que somos los responsables... En realidad no”, sostuvo, en referencia a las gestiones que realizaban para acceder al subsidio.

En medio de la tensión, el vocero reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que evidencia el clima que rodea la discusión sobre la regulación del sector.

Asimismo, advirtió sobre riesgos dentro del sistema, señalando que existen problemas de seguridad tanto del lado de los usuarios como de los conductores. “Hay personas que se disfrazan de usuarios para robar y matar, y hay conductores que no son los conductores. Hay que sacar a las calañas dentro de las plataformas", alertó.

Jaén reconoció que el director de la ATTT, Nicolás Brea, tuvo la disposición de escuchar, pero dos días después, sucedió la implementación que "no es correcta".

La principal molestia de los conductores de la Cooperativa de Transporte de Plataforma es que "no se haya sumado a las partes a discutir”.

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Entre los requisitos que han generado mayor inconformidad en el sector está el punto de estar avalado por una organización autorizada, es decir, una prestataria.

El decreto busca ordenar un sector que hasta ahora operaba sin supervisión directa, pero su implementación ha generado críticas por la falta de diálogo y la coincidencia con las gestiones que realizaban los transportistas para ser incluidos en beneficios estatales. Jaén dejó claro que no se oponen a una regularización, pero sí exigen una normativa justa para el sector y rechazan la forma en la que se establecieron las normas para el sector.

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Reacción de los consumidores

Raúl Eduardo Molina, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, consideró que “equiparar las plataformas a los taxis, es un disparate por completo, porque no brindan el mismo servicio”.

Sobre el conflicto que generó el decreto con las prestatarias, Molina explicó que es porque “son un sistema feudal”.

¿Por qué? La explicación presentada por Molina sostiene que el Estado decidió, con la ley de tránsito del año 1993, darle un privilegio a una serie de personas, otorgándoles unos cupos, que el Estado los concede de manera gratuita, y luego la prestataria vende el cupo a las personas que manejan el taxi.

Luego, le obliga a pagar el cupo a precios exorbitantes y cada año debe pagar un aval para renovar su placa, y si esa persona desea traspasar ese cupo, debe pagar otro aval a la prestataria.

“¿Quiénes son los dueños de las prestatarias? ¿Por qué tenemos este sistema absurdo en que decidimos, a través de la ley, darles un beneficio a una serie de personas y olvidarnos totalmente del usuario?”, cuestionó Molina.

El abogado calificó como “falsedades” algunos motivos expuestos en el decreto.

Por ejemplo, que es un tema de seguridad, ya que en los taxis no se conoce el nombre del conductor, placa, modelo del vehículo, entre otras variables que si son identificadas en el sistema de plataformas digitales.

“A nosotros nunca nos ha llamado”, señaló Molina al ser consultado sobre si fueron llamados por el gobierno para la aprobación de este nuevo decreto.

“Somos usuarios del sistema y no estamos siendo tomados en cuenta”, remarcó el jurista al indicar que este tipo de medidas ahuyenta la inversión extranjera instalada desde hace años en el país.

“Este decreto debe ser derogado, y tiene que restablecerse el decreto 331 con la consideración de lo que ya decidió la Corte, y allí está toda la regulación que se necesita”, sugirió.

El defensor de los consumidores exigió que se priorice al usuario sobre todas las normas, señalando que el nuevo decreto es "perverso" y ha olvidado por completo al usuario.