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Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación reafirmó en un comunicado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la protección de los intereses del Estado.
Ante opiniones públicas que han exigido mayor rapidez en algunos procesos investigativos, la Procuraduría aclaró que existen diligencias en marcha en los casos señalados, pero también limitaciones que han retrasado avances importantes, especialmente por la falta de auditorías clave que deben ser entregadas por otros órganos del Estado.
Este expediente surgió tras declaraciones difundidas por medios televisivos. A raíz de ello, la Contraloría General entregó una auditoría oficiosa, y desde entonces la Procuraduría ha ejecutado:
Todo con el objetivo de validar los hallazgos conforme a lo que exige la normativa legal.
El 10 de junio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción recibió una auditoría que involucra a un ciudadano con vínculos en el IFARHU. Ese mismo día se abrió una nueva investigación y se realizaron diligencias de verificación técnica conforme a la ley.
Desde 2024 se han solicitado dos auditorías formales para evaluar posibles lesiones patrimoniales. Estas peticiones fueron reiteradas en 2025, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.
En este tema se han presentado 233 denuncias ante la plataforma PDIS. Como parte de las investigaciones, se han solicitado 116 auditorías específicas, las cuales aún están pendientes de ser remitidas por la Contraloría.
Para enero de 2025, la Procuraduría señala que informó a la Contraloría sobre el atraso en la entrega de 166 auditorías requeridas por la Fiscalía Anticorrupción. Actualmente, esa cifra asciende a al menos 225 auditorías pendientes, lo que representa un obstáculo operativo significativo para el avance oportuno de los casos por delitos contra la administración pública.
La institución asegura que todas sus actuaciones se fundamentan en criterios técnicos, jurídicos y procesales, en medio de una alta carga investigativa. A pesar de los desafíos, se trabaja con responsabilidad institucional para construir expedientes sólidos que resistan el escrutinio judicial y ofrezcan resultados reales a la sociedad.
La Procuraduría enfatizó además que mantendrá su independencia ante cualquier intento de presión externa y seguirá garantizando la integridad de los procesos, como parte de su papel dentro del sistema de justicia.
Finalmente, reiteró su disposición a seguir colaborando con otras entidades del Estado, en un marco de respeto al orden constitucional, la legalidad y la independencia que demanda la democracia panameña.