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Ciudad de Panamá/Rocío Jiménez, de 39 años, compartió su desgarradora historia sobre la lucha por justicia y compensación después de que, a los siete años, una transfusión de sangre contaminada con VIH agravara su condición, luego de haber superado la leucemia.
Rocío explicó que, aunque sus padres siempre le hablaron con claridad, no fue sino hasta los 15 años que comprendió la verdadera complejidad de su enfermedad. Desde que era niña, su familia y el doctor Orlando Quintero, director de Probidsida la han apoyado en este difícil camino.
El doctor Quintero detalló la serie de negligencias. El donante, que en julio de 1994 dio negativo por el "periodo de ventana" del virus, regresó a donar cuatro meses después y dio positivo. La primera negligencia fue que el banco de sangre no notificó al Hospital del Niño. La segunda, que el Departamento de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud tardó casi siete meses en ser notificado. Como resultado, Rocío no fue diagnosticada a tiempo, lo que la llevó a desarrollar una infección oportunista que afectó su cerebro, la dejó en silla de ruedas y le hizo perder la visión en un ojo.
Rocío y su familia han agotado todas las instancias para buscar justicia, incluida la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no han recibido una respuesta clara. El doctor Quintero aclaró que una demanda ante la Corte Interamericana no se concretó por falta de seguimiento legal. La única ayuda concreta, según Rocío, es que el sistema de salud le provee los medicamentos necesarios.
Rocío, quien trabajó en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre fue despedida en 2020, un año después de tener a su bebé. Este hecho le causó una recaída de salud severa. Aunque una ley (la Ley 59) declaró su despido como ilegal y la reintegró dos años después, lo hizo sin darle derecho a compensación por el tiempo perdido. Esto la llevó a perder su apartamento y la dejó en una situación de quiebra.
Rocío hizo un llamado directo a las autoridades para que se le otorgue un subsidio vitalicio, tal como fue recomendado por la Defensoría del Pueblo en una resolución de 2005. También solicita apoyo económico para cubrir sus terapias y gastos de salud, incluyendo el mantenimiento de un lente intraocular y la revisión constante de su vista.
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Por su parte el doctor Quintero expresó su frustración, comentando que ha enviado múltiples notas a la presidencia, pero no ha recibido una respuesta favorable