Salario mínimo en Panamá: Entre la inflación, la productividad y la desigualdad

Ciudad de Panamá/El debate sobre el salario mínimo en Panamá sigue con diversas posturas de los sectores. Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, y Eduardo Gil, dirigente de Convergencia Sindical, ambos coincidieron, en el programa Radar del domingo 23 de noviembre, en que el tema trasciende un simple ajuste salarial y toca las raíces de la desigualdad, la productividad y la sostenibilidad económica.

Franklin Martínez enfatizó la necesidad de incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas en la mesa de negociación del salario mínimo: “Tradicionalmente se discuten asuntos que nos atañen sin nuestra participación. En la comisión están CONEP, CAPAC y la Cámara de Comercio, pero ninguna representa verdaderamente al sector Mipyme”, señaló.

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Martínez advirtió que un aumento abrupto del salario mínimo podría generar despidos masivos: “Si el 50 % de las 220 mil microempresas tuviera que despedir a un colaborador, estaríamos hablando de una crisis laboral importante”.

Además, planteó que el salario mínimo debe considerar la realidad postpandemia: cierres prolongados, protestas sociales y una pérdida de dinamismo económico que aún afecta a los pequeños negocios. “No podemos ignorar que muchas empresas aún no se recuperan. Imponer un salario sin evaluar su impacto en la sostenibilidad es riesgoso”, argumentó.

Sector sindical

Por su parte, Eduardo Gil defendió un incremento sustancial. “El dato mata el relato. Estudios y experiencias internacionales —como en Japón o Uruguay— demuestran que aumentar salarios impulsa la demanda interna y reduce el desempleo”, afirmó.

Gil criticó la brecha entre productividad y salarios: “En los últimos años, la productividad creció 21 %, pero los salarios apenas lo hicieron entre 1 % y 6 %. Esa ganancia no se distribuye equitativamente”.

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Para el dirigente sindical, el salario mínimo debe cubrir las necesidades fundamentales de un trabajador y su familia, tal como establece la Constitución, y exigió la creación de un indicador oficial del costo real de vida, prometido desde 2015 pero nunca implementado.

Ambos coincidieron en que el problema no es de crecimiento, sino de distribución. Martínez insistió en que el Estado debe garantizar condiciones mínimas —educación, salud, infraestructura— para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar salarios dignos sin quebrar. Gil, en cambio, insistió en que el diálogo social está debilitado y que, sin voluntad política, las negociaciones terminan siendo una farsa: “El gobierno ya tiene un número en mente y eso desincentiva acuerdos reales”.

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