Repetición: Jelou!
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Ciudad de Panamá, Panamá/Los principales debates de la esfera pública panameña se concentran en la seguridad ciudadana y la crisis de la administración pública, con avances legislativos en la protección de la niñez y denuncias de negligencia administrativa y corrupción en sectores clave como el deporte y el transporte.
En el sector transporte, la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) ha reaccionado con una amenaza de paro nacional ante el proyecto de ley que busca modernizar el sistema y acabar con el "mercado negro de cupos". El representante de esta organización, Omar López, defendió el modelo actual como un "derecho de concesión" y acusó al proponente [diputado Neftalí Zamora] de falta de diálogo, a pesar de que la ley contempla la participación de los actores en la Asamblea Nacional.
"No es que el momento que se apruebe el anteproyecto de ley, nosotros vamos a un paro a nivel nacional, no lo establecí yo lo establecieron los transportistas”, dijo Omar López.
Por su parte, el diputado Neftalí Zamora defendió que el proyecto pretende beneficiar a los usuarios, quienes sufren a diario el mal servicio. "Lo que hoy tenemos es una ley, es un proyecto de ley que busca sentar las bases para comenzar una conversación en tres vías: uno, en poder proteger al usuario, darle más fuerza al usuario en esta relación entre el prestador de servicio y quien lo tiene todos los días, quien se sirve de él todos los días".
La representante de los usuarios, Yaritza Díaz, señaló que las amenazas de paro demuestran la falta de empatía de los transportistas hacia quienes sostienen el servicio:
“A mí no me parece que esa es una postura empática hacia los que a diario sostenemos la economía del transporte público que somos los usuarios; los transportistas no son nuestros enemigos, pero tampoco han sido hasta el día de hoy nuestros aliados", dijo Díaz.
La aprobación del proyecto de ley que hace público el Registro de Ofensores Sexuales ha sido catalogada como una medida histórica de prevención. La diputada proponente, Paulette Thomas, defendió que la herramienta es una respuesta urgente ante el incremento de los delitos sexuales contra menores, y que su objetivo es salvar vidas:
"Lo más relevante es que finalmente los ciudadanos vamos a tener a nuestra disposición la información y quiero empezar trayendo a colación un evento de triste recordación y es precisamente lo que sucedió con Aderlyn. Si los familiares de Aderlyn hubieran tenido a su disposición esta posibilidad, este listado, tal vez Aderlyn estaría con nosotros todavía", dijo la diputada Thomas.
No obstante, la abogada Suky Yard aclaró que solo las personas condenadas con sentencia ejecutoriada estarán en la lista, y el investigador Julio Alonso advirtió que la lista por sí sola es insuficiente ante las fallas del sistema penitenciario y de seguimiento.
"Es muy difícil que esa persona salga de una rehabilitación y menos con el estado que tenemos de la rehabilitación y la intención social de estas personas que delinquen, que también son víctimas; muchas son víctimas que fueron producto de alguna violación, algún delito sexual, y que ahora siguen una cadena que es difícil de romper", sostuvo Julio Alonso.
El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, atribuyó la crisis de la infraestructura deportiva a la mala gestión pasada. Ordóñez señaló que la negligencia no solo ha dejado 12 proyectos enredados en batallas legales, sino que ha disparado los costos de forma alarmante.
El estadio Roberto Mariano Bula es el mejor ejemplo del desgreño patrimonial: “Empezó en 15.9 millones de dólares ese estadio, le va a terminar costando al Estado 34 millones”.
Al analizar las causas de este desorden crónico, el funcionario fue enfático en que el problema es de liderazgo y compromiso:
"Tú preguntas sobre el denominador común y el denominador común es la falta de interés, es la falta de voluntad, la falta de competencia, de poder hacer el trabajo para el que ha sido designado", recalcó Ordóñez.
Esta nota fue hecha con asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.