Presupuesto 2026: inversión, localismo y dudas de diputados

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ya recibió la primera versión del proyecto de presupuesto para 2026 por parte del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Durante tal presentación, se discutió el mecanismo de los traslados de partida, se dieron choques sobre el control del gasto público y los comisionados pudieron hacer sus preguntas sobre el presupuesto, varias de ellas sugiriendo poca preparación sobre el tema por parte de algunos diputados.

Presentación

El ministro Chapman presentó el proyecto general de presupuesto con el propósito de dar inicio a las vistas presupuestarias por institución, las cuales inician hoy lunes.

En preparación, los diputados recibieron de antemano los “pormenorizados”, documentos que detallan cada línea de gasto con su monto y destino.

En estos documentos, los diputados pueden ver las partidas o rubros de gasto organizados por institución, distrito y categoría, permitiéndoles observar el presupuesto desde distintos ángulos y facilitando su revisión de cuánto dinero le tocará a cada uno de sus circuitos.

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Deuda

El presupuesto alcanza un récord de alrededor de $35,000 millones de dólares.

Chapman explicó que alrededor de $4,000 millones son para una operación contable de la deuda, por lo que el gasto real se mantendrá estable frente al año corriente. Según el ministro, esa estabilidad del gasto real manda un mensaje de disciplina a los inversionistas, lo cual reduce el costo de la deuda.

Por su lado, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, preguntó al ministro por la emisión para 2026 de más de $8,000 millones en bonos, certificados de deuda del Estado. Chapman respondió que alrededor de la mitad de ese monto es para refinanciar deuda vieja, como se mencionó arriba, y una parte grande de la otra mitad servirá para cubrir el déficit o la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado.

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Expectativa

En la edición del pasado miércoles, 20 de agosto, del programa Mesa de Periodistas, el mismo día que Chapman presentó el presupuesto, el economista Fernando Aramburú Porras advirtió que dos de las tres grandes casas calificadoras de riesgo aún mantienen el grado de inversión de Panamá a la espera de ver cómo se resuelve la situación de la mina de cobre en Donoso.

De reactivarse, la operación minera daría más ingresos al Estado para pagar su deuda.

La implicación es que, de no resolverse este asunto pronto, es decir, antes de mediados del próximo año, Panamá corre el riesgo de perder completamente su grado de inversión, lo cual elevaría de forma importante el costo de financiar la operación del Estado.

Inversión

El ministro Chapman afirmó que la prioridad del presupuesto de 2026 es la inversión para impulsar el desarrollo social.

En particular, enfatizó la inversión en infraestructura, indicando que el presupuesto asignará cerca de $6,000 millones para inversiones físicas o tangibles.

Entre estas inversiones se incluyen los gastos iniciales de investigación del tren entre Panamá y David, la construcción de un teleférico en San Miguelito y la recuperación de la Ciudad de la Salud, además de la reactivación de obras demoradas o abandonadas por gobiernos pasados.

Actitud

El ministro buscó un tono conciliador con los miembros de la comisión, celebrando que Panamá ha podido enviar señales al extranjero de prudencia y responsabilidad fiscal.

En particular, se enfocó en transmitir a los diputados el mensaje de que la cooperación entre los órganos del Estado y la disciplina en el gasto son la ruta para un futuro estable.

Tal actitud serviría como estrategia de avance en comparación a los roces del año pasado, cuando su propuesta inicial por cerca de $26,000 millones fue cuestionada por la Asamblea Nacional, elevándose finalmente el presupuesto a más de $30,000 millones.

Liquidez

La diputada Prado le pidió al ministro Chapman datos de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), donde está todo el dinero público.

El ministro señaló que el saldo de la CUT suele rondar los $800 millones, elevándose por encima de los $2,000 millones cuando se incorporan las entradas del Canal de Panamá.

El ministro agregó que un saldo por debajo de los $500 millones resulta preocupante y que los ingresos por el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) sirven como base estable de la cuenta, debido a su recurrencia mensual.

Aunque el ministro no pudo mencionar el saldo actualizado de la CUT, al ser una cifra que cambia constantemente, le indicó a la diputada que le haría llegar la información más tarde en el día, con Prado diciendo que continuaría solicitando tal cifra en futuras comparecencias.

Traslados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto aumentar de $300 mil a un millón de dólares el monto de los traslados de partida que puede autorizar sin necesitar de la aprobación de la Comisión de Presupuesto.

Un traslado de partida significa que el dinero que se pensaba usar para un proyecto se puede pasar para otro proyecto, por ejemplo, si le faltan recursos.

Además, busca reducir de 30 días a 15 días la cantidad de tiempo que debe pasar para que se considere automáticamente aprobado un traslado de partida en el caso de que no reciban respuesta de la comisión, después de enviarle la solicitud.

Varios diputados dijeron que eso debilita su control y supervisión sobre el presupuesto.

No obstante, el ministro Chapman explicó que son los mismos diputados quienes han elevado cuestionamientos de retrasos en pagos y que muchas veces esas demoras ocurren porque la comisión se tarda en aprobar los traslados correspondientes.

El ministro señaló que, si la Asamblea puede acelerar los trámites, él no ve problema en mantener los parámetros actuales.

Curiosamente, la situación quedó ilustrada por la demora de un pago prometido a los jubilados: cuando un diputado criticó al MEF y a la Caja de Seguro Social porque los pagos no se hicieron a tiempo, el presidente de la Comisión de Presupuesto respondió que los traslados de partida necesarios no se habían dado debido a la tardanza de la Asamblea Nacional de conformar las comisiones.

La conclusión resultaría clara: o la Comisión de Presupuesto fiscaliza más rápido o se permite al MEF actuar con mayor agilidad, pero sería errado responsabilizar al MEF por demoras causadas por la lentitud operativa de tal comisión.

Propuestas

En la sesión surgieron varias propuestas de cambios en materia presupuestaria.

Por ejemplo, el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, planteó prohibir traslados de partidas en materia de viáticos. Además, sugirió modificar la disposición legal que exige una asignación presupuestaria del 7% del producto interno bruto (PIB) al sector educativo por considerarla impracticable.

Una propuesta similar fue elevada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, quien sugirió ampliar el destino de tal asignación del 7% del PIB para incluir al sector de salud adicional al sector educativo. Adames argumentó que esto mantendría el carácter social de tal asignación, a la vez que permitiría una mejor ejecución de los fondos.

El ministro Chapman se mostró a favor de estas sugerencias.

Por su lado, la diputada Prado sugirió crear una ley general de sueldos que organice los salarios del sector público por categorías, para así evitar la disparidad salarial que existe entre varias instituciones públicas.

Preparación

Varios diputados parecieron mostrar deficiencias relevantes de comprensión en materia presupuestaria.

Un diputado, por ejemplo, pidió más endeudamiento sin recordar que la propia Asamblea fija el tope del mismo en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Otro diputado confundió el gobierno central con todo el Estado, división básica y fundamental en las leyes de presupuesto.

Y otros asumieron que es el MEF el que decide cuánto dinero va a cada provincia, cuando en realidad cada ministerio define su asignación provincial.

Aunque varios diputados hicieron preguntas útiles y buscaron clarificar sus dudas de manera constructiva, otros diputados parecieron haber revelado mediante sus preguntas y sugerencias que no tienen un entendimiento completo del sistema que les toca supervisar, sin haber solicitado las clarificaciones necesarias.

Si bien es cierto que no se puede esperar que todos los diputados sean expertos presupuestarios, aquellos que participan de la Comisión de Presupuesto deberían tener equipos capaces de dotarlos de los conocimientos básicos para la fiscalización de la cual son constitucionalmente responsables.

Localismo

Finalmente, en vez de examinar todo el presupuesto con una perspectiva nacional, varios diputados se limitaron únicamente a pedir más dinero para su circuito.

Tal localismo convierte a la Comisión de Presupuesto más en un espacio de reparto y menos en uno de visión nacional.

Si esa práctica continúa consolidándose, las áreas sin diputados en la comisión quedarán sin representación y desprotegidas en la asignación general de recursos.

Esa tendencia erosiona la función de la Comisión de Presupuesto.

La experiencia de otros países, como el Reino Unido, por dar un ejemplo, indica que solo la fiscalización ciudadana y los llamados a una visión nacional por parte de miembros de la misma comisión hacia sus pares pueden frenar tal situación.