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Agresor de Natalia Ponce, la mujer que quedó desfigurada por un ataque con ácido, podría quedar en libertad

Natalia Ponce de León

Natalia Ponce de Leon en 2015, un año después de sufrir el ataque con ácido
Natalia Ponce de Leon en 2015, un año después de sufrir el ataque con ácido / AFP

Tras cumplirse diez años del brutal ataque con ácido a Natalia Ponce de León su agresor, Jonathan Vega, podría pedir libertad condicional.

El violento ataque que sufrió la mujer colombiana el 24 de marzo del año 2014 desembocó en una ola nacional e internacional en la que se solicitaba, con extrema urgencia, auxiliar a mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido y recluir de la sociedad a sus perpetradores. Así se creó la Ley Natalia Ponce de León o Ley de víctimas de ataque con ácido.

El sujeto condenado por el crimen recibió inicialmente una sentencia de 21 años y diez meses de reclusión, pero recientemente se dio a conocer que podría quedar en libertad condicional, tras cumplir 10 años, por ser beneficiario de tres redenciones por estudio que le han acumulado un tiempo total de 11 años y cinco meses.  

Las reducciones de condena obtenidas por Vega por una “conducta ejemplar” en la que no ha tenido investigaciones disciplinarias por mal comportamiento en la cárcel, se han dado a pesar de que no ha cumplido con otros aspectos importantes del programa de rehabilitación que se le había establecido, así lo confirmó Alexandra Vargas, coordinadora del grupo Penitenciario del INPEC.

Según las revelaciones, Vega no ha asistido a las citas con el psicólogo ni ha participado satisfactoriamente en las clases de formación académica y de desarrollo humano.

Esta situación acarrearía algunas trabas en el proceso de libertad de Vega, ya que no ha avanzado en su tratamiento penitenciario para abordar sus problemas de violencia de género y actitud violenta.

Aun así, la posibilidad de que el perpetrador de Natalia Ponce de León quede en libertad condicional genera preocupación, por lo que Natalia Juris, la abogada de la víctima instó sobre la necesidad de urgir a los jueces a que no se haga realidad la posibilidad de que Vega quede libre.

Sería importante un examen detenido por parte de quienes llevan a cabo el proceso punitivo del agresor, dado el historial de violencia de Vega quien necesita un riguroso acompañamiento profesional para evitar una reincidencia, aseguró Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra.

Los hechos

El 27 de marzo de 2014, Natalia Ponce se encontraba de visita en el apartamento de su madre, al norte de Bogota; una llamada de la recepción del edificio le avisó que un exnovio Bernardo Londoño la buscaba en la entrada. Extrañada, Ponce bajó y se encontró con un hombre de espaldas que vestía una capucha. Natalia le preguntó al individuo quién era y casi al instante el hombre se dio vuelta y le lanzó un líquido.

“Empecé a gritar como una loca, se me derritió toda la ropa, se caían pedazos de piel. Empecé a perder la vista, entré corriendo a la casa, pegando alaridos. No entendía que estaba pasando. No sabía por qué se me estaba deshaciendo toda la ropa y toda la piel”, declaró la mujer en junio de 2015 en el juicio contra su agresor.

Luego del ataque, Ponce de León tuvo que ser atendida en una clínica por motivos urgentes, pues la ducha no había hecho más que empeorar el estado de su piel, Natalia no era consciente de la sustancia química que tenía en su cuerpo, y el contacto con el agua había empeorado el efecto de la misma. Fue atendida en la clínica Reina Sofía de Bogotá, en la que fue inducida a una ducha de agua fría durante unos 45 minutos. Para el momento en el que fue atacada, en Colombia muy poco se sabía sobre el tratamiento de heridas causadas por ácido, algo que Natalia pudo notificar al llegar a la clínica. La mujer malherida tuvo que esperar 4 horas, hasta ser trasladada al Hospital Simón Bolívar y debido a esta espera, parte de su piel se contaminó con el ácido, haciendo más difícil la recuperación.

"Estuve esperando mucho tiempo mientras me trasladaban al hospital. El ácido se me metió en la piel, pienso que podían haber salvado gran parte de mi cuerpo si hubiesen tenido el conocimiento para tratar este tipo de heridas".

Luego del ataque, Natalia Ponce de León empezaba una larga travesía en distintas salas de hospital. Fueron necesarias 37 intervenciones quirúrgicas, dos de las cuales casi la matan, para recuperar la piel dañada de su cuerpo, sobre todo en su rostro, parte que se llevó lo peor de la agresión.

Su nombre y su rostro cubierto por una máscara transparente se hicieron visibles a los ojos de la gente aterrorizada por su relato. Estadísticas desconocidas comenzaron a aparecer para enfrentar al país con un monstruo que hasta ese año se había escondido bien. Se supo que desde 2004 Colombia siempre se disputaba el triste título del país con más ataques con agentes químicos con Bangladesh y Pakistán. Que sus víctimas –la primera, Gina Potes, se registró en 1996¬– tenían que enfrentar solas las secuelas físicas y mentales. Que a pesar de lo atroz, en la ley se arropaba bajo el delito de “lesiones personales” y que, por eso, las condenas no superaban los 16 años.

La indignación fue mayúscula, y el activismo de mujeres como Gina Potes, quien creo la Fundación Reconstruyendo Rostros, así como el de la misma Natalia Ponce de León rindió sus frutos. A comienzos de 2015 comenzó su camino en el Congreso un proyecto de ley que proponía crear un tipo penal (un delito aparte) para los ataques con ácido, así como endurecer las condenas hasta los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de las heridas, y generar una ruta de atención integral para víctimas.

Actualmente, la Ley de víctimas de ataques con ácidos o Ley Natalia Ponce de León, Ley 1773 de 2016 dice:

“El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

 *Con información de www.elespectador.com*

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